Su queja radicaba en la reflexión de que cómo el delincuente, el aprehendido por la fuerza pública,  implicado en el cometimiento de un delito, muchas veces infraganti, sin objeción de ninguna clase, y a veces hasta públicamente confeso, los medios de comunicación no puedan publicitar el hecho de manera puntual, identificando al actor con nombres y apellidos y graficando su imagen, con secuencias hasta del operativo de captura.

Ni aun el reporte policial siempre referencial, pero constituido en la piedra angular de la investigación, con detalles precisos del hecho, incluyendo hasta detalles de testigos oculares y gráficos del delito, tampoco es justificativo para liberar al medio de comunicación de su publicidad, identificando al presunto hechor. Esta sola nota periodística, y en verdadero contraste, con una velocidad del rayo, es sancionado casi inmediatamente y sin derecho a instancias de apelación o reconsideración de efecto suspensivas.

Para el medio la multa, de haberla, tiene que ser cancelada ipso facto; y de existir disposición de pedir públicas disculpas al sindicado por haber dado credibilidad al órgano policial, sin esperar el resultado de la indagación, también es de cumplimiento inmediato, desestimando la interposición de  recursos legales en esa instancia. Y de los procesos sancionadores que hasta la fecha se han dado, tipo Diario Extra, no existe el derecho a la duda.

De ahí la reflexión de la turista extranjera ya en su condición de viuda, que se preguntaba cómo frente a un hecho de alertar a la sociedad identificando a los transgresores de la ley, cuando la justicia les ha metido mano por el supuesto cometimiento de un delito, puede prevalecer sobre el derecho de preservar honra frente al derecho de la integridad y la seguridad de una vida digna y segura de una colectividad.

Está en nuestras manos trabajar por un cambio de los valores, priorizando derechos inalienables como la honra. Esto como todo cambio de valores y de modelo, su implementación es a largo plazo y de concientizar sobre todo a la prensa libre. Pero frente a derechos individuales que contradigan al derecho de una sociedad azotada por una delincuencia debe primar el derecho de la sociedad.