"La unión concubinaria, las leyes de adopción y las de identidad de género fueron avances en el camino hacia el matrimonio igualitario", señaló Graña.

Hoy, un año después de que el proyecto de ley fuera aprobado, el activista LGTB considera que "los más apocalípticos, los que predecían una catástrofe para Uruguay si las parejas homosexuales se casaban, han sido derrotados".

Una victoria para la comunidad LGTB que, a juicio de Graña, aún no es total, ya que todavía se enfrentan a la discriminación y al desafío de la integración total de las personas trans.

"El reto más urgente es la inclusión laboral de las personas trans, cuya única opción es a menudo la del trabajo sexual", indicó.

Graña destacó algunas iniciativas estatales, como las convocatorias de empleo público dirigidas a personas trans, pero criticó la "fuerte discriminación" hacia el colectivo que aún persiste en algunos sectores productivos, "como en los supermercados".

"La mayor parte de las consultas que recibe Ovejas Negras de víctimas de discriminación provienen del ámbito laboral", señaló.

El activista se refirió además a la necesidad de reformar la actual legislación contra la discriminación en Uruguay para que se aplique de manera más amplia, no sólo castigando con penas de prisión a sus responsables, sino reforzando el resarcimiento de las víctimas.

El 10 de abril de 2013, Uruguay pasó a ser el segundo país de América Latina en permitir el matrimonio homosexual, después de Argentina, y se convirtió además en el décimo segundo Estado en todo el mundo que aprobaba esta medida.