Tal exigencia busca desterrar o castigar con responsabilidades, la inversión suntuaria de administradores que priorizan su gestión en la realización de aceras y bordillos, por citar una, cuando la vía no solo que no está reparada sino que, al no contar con las obras de infraestructura, la que siempre va oculta y enterrada, su realización obliga a destruir lo realizado, sin previsión, presumiendo un conflicto de intereses entre sus gestores.

A tal punto que esta conjetura es la incidente en que la normativa exige a todos los servidores, al iniciar y finalizar su gestión, una declaración patrimonial jurada de sus activos y pasivos; y, de ser necesario, autorizar se levante el sigilo bancario de sus cuentas y adquisiciones  para su revisión. Norma escrita que no libera de su cumplimiento ni a organismos autónomos, entidades sin fines de lucro, ni organizaciones y partidos políticos, etc.

Lamentablemente, deposita la norma legal la verificación, confrontación e investigación de estas declaraciones y resultados, en la Contraloría General del estado, organismo con el ejercicio de sus funciones en permanente vacancia, cuya gestión y resultados ya no preocupa ni asusta al más depredador ni incumplido de los funcionarios porque el organismo de control perdió su brújula, como se dice en el argot popular, no está en nada.

Por eso es que, a la fecha, vemos cómo con el más descarado desparpajo y en puntuales casos, con cinismo ilimitado, en estas especies de sainetes, las gestiones enunciadas por estos gestores, donde dan a entender que vivimos en una provincia de obras de maravilla y perfectamente ejecutadas, con precios y costos que no permiten la menor suspicacia de creer que genero intereses particulares a sus administradores, y que estos funcionarios gozan y viven con una economía de guerra, como efectivamente llegaron. Pero en contraste y en la práctica, no obstante la millonaria inversión, lo que se ve a diario, y en gran medida, es despilfarro, mala calidad de obras, inversiones suntuarias e innecesarias; y un cambio brusco del estatus de funcionarios públicos de la noche a la mañana, para muchos inexplicable.