Para lograrlo, quienes ejercen el poder son elegidos por el pueblo en comicios populares, de participación generalizada que solamente es limitada por los dictámenes de la Ley. 

Hasta ahí, resulta una perfecta democracia en la cual cada uno de los elementos del pueblo, tiene exactamente los mismos derechos y, desde luego, puede participar en calidad de candidato.

Lo dicho es en teoría, porque en la práctica, la participación electoral obliga a una alta inversión que muestra que, además de todas las cualidades cívicas que debe reunir un candidato, debe contar con un importante capital, sin destino, que lo dedica a pagar los gastos que origina la necesaria campaña electoral. 

En consecuencia, para participar como candidato en las elecciones  deben contar con ese factor indispensable.

Ya lo habían notado las autoridades que dirigen estos ejercicios democráticos y ahora se asigna una cantidad de dinero a cada candidato.

Fondos que salen de los recursos con que cuenta el Consejo Nacional Electoral. 

Pero esos fondos procedentes del dinero del Estado, no son suficientes para pagar los gastos de campaña.

Y si lo fueran, no reducen la competencia entre los tantos candidatos, que consideran mejorar su posición con un poco de dinero colocado en donde mejores resultados produzca para lograr el objetivo que es triunfar en las urnas.

Si bien para las elecciones de febrero no se ha notado mucha actividad.

Por lo tanto, no debe haber originado gastos excesivos.

Cada uno de los candidatos debe haber previsto inversiones que comenzarán a fluir con mayor fuerza cuando se aproxime el día de las elecciones.

Así vistas las elecciones, expresión mayor de la democracia, dejan de serlo o mejor dicho, afectan a la existencia de la democracia pura en nuestro país.

Porque ese derecho fundamental puede ser ejercido únicamente por quienes disponen de capital para  “invertir” en el correspondiente ejercicio democrático.

Y como no hay manera de ser candidato sin dinero, los casos que muestra la historia determinan la existencia de “mecenas” y organizaciones que proporcionaban el capital.

Y lo hacen ahora, pero en su momento exigen ciertos derechos que consideran ganados con su inversión, derechos que desvirtúan de la vigencia democrática que se tergiversa con canongías para quienes más han apostado al ganador.

Por eso es evidente que en nuestro país se vive una democracia ficticia que, efectivamente, ata las manos a los bienintencionados quienes, rápidamente, aprenden las ventajas de alinearse con los que saben sacar utilidades del triunfo electoral.

Ahí está la explicación de lo lento que es el progreso en esta tierra amada y generosa que es Ecuador.