La razón es el cumplimiento de la disposición transitoria del Acuerdo número 127, del 29 de julio de este año, emitido por el Ministerio de Relaciones Laborales.

Disposición. El acuerdo además dispone, que a partir del 31 de julio de este año, las instituciones no debían volver a firmar contratos para la provisión de alimentación para los servidores públicos. 

Los contratos suscritos anteriormente seguirán vigentes hasta su finalización, pero no se podrá renovar la contratación de dichos servicios. 

En las instituciones cuyos contratos para alimentación terminaron antes del este 31 de diciembre, los funcionarios reciben 4 dólares diarios sin incluir IVA, hasta finales de este año.

Servidores. Para el presidente de la Federación Nacional de Servidores Públicos, Miguel García, con esta decisión gubernamental, se les está quitando un derecho que lo tenían desde el año 1990. 

Indicó que antes había dos jornadas laborales y los funcionarios regresaban a comer a sus casas, pero tras la unificación de jornada, aparecieron casos de anemias y otras enfermedades de tipo gástricos. 

Por ello se buscó esta solución para los trabajadores.

Según el cálculo de García, el Estado destina alrededor de USD 800 millones al año para el almuerzo de unos 560 mil funcionarios, incluido el personal de las fuerzas del orden, profesores, médicos y otros. 

También se incluye a los trabajadores de los consejos provinciales y municipios que llevan sus propias reglas bajo contratos colectivos. 

El ministro de Relaciones Laborales, Francisco Vacas, dice que el Estado no está en la obligación de alimentar a los funcionarios. “Según la ley, el Estado no tiene obligación de darles la alimentación”, aseguró.

Uniformes. El de los uniformes es otro rubro que también tendrá cambios a partir del año entrante, ya  que los del sector público deberán entregarse cada dos años y no cada año como era antes, además serán reciclados, esto quiere decir, que previo a la entrega de los uniformes nuevos, los servidores públicos deberán entregar los anteriores (usados). Se pondrán topes para su dotación. 

Además el gobierno ha anunciado que se establecerán estándares para la adquisición de los uniformes, entre ellos que máximo sean de tres piezas por empleado, dependiendo de las condiciones climáticas y que su costo sea razonable.

Si el atuendo entregado sufriera daño o pérdida, el empleado deberá asumir el costo para su reposición.

Esto no afecta a policías y militares que tienen un régimen especial garantizado por la misma ley. 

Los miembros de las fuerzas del orden recibirán su indumentaria cada año, pero deberán también devolver su atuendo viejo.

Transporte. Las restricciones también afectarán al transporte para los servidores y funcionarios del sector público, que es otro de los servicios que planea regular el Estado. Por el momento,  se está analizando un valor máximo que se entregará al personal para su traslado.

Para el ministro Francisco Vacas,  el objetivo principal de estos recortes “es ahorrar dinero, ya que hay un excesivo gasto”, aunque para el representante de los servidores públicos, se trata de un atentado contra los derechos fundamentales de las personas.