La norma, sancionada sin vetos por la presidenta brasileña del país, Dilma Rousseff, se suma a las diferentes iniciativas del Gobierno para reducir el número de fumadores en Brasil.

La ley prevé una multa de 10,00 reales (unos 4,3 dólares) por cada producto incautado y prohíbe la fabricación, comercialización, distribución y difusión de propaganda de productos nacionales e importados que imiten la forma de los cigarrillos o sus similares.

Pese a ser el mayor productor mundial de tabaco, Brasil ha impulsado varias iniciativas para reducir el consumo en el país, donde a ese hábito se le atribuyen cerca de 130.000 muertes al año.