El portavoz de la junta directiva azulgrana, Toni Freixa, ha entregado esta mañana en la sede de la Audiencia Nacional de la calle Goya dos contratos del jugador Neymar Da Silva Santos Junior, correspondientes a los años 2011 y 2013 y que el magistrado pidió el pasado miércoles al club deportivo.

Según han informado a Efe fuentes jurídicas y del club, Freixa también ha entregado la Memoria Económica de la junta directiva del Barcelona de los años 2011, 2012 y 2013, que el magistrado había reclamado para investigar la querella sobre la supuesta ocultación a los socios del club de los contratos de fichaje del jugador de 2011 y 2013 por un total de 57,1 millones de euros.

En el auto en el que Ruz pedía estos contratos, el magistrado afirmaba que la Audiencia Nacional es competente para tratar este asunto por ser un presunto delito cometido por un español en el extranjero, ya que el dinero cuyo destino se cuestiona en la querella se habría ingresado en Brasil.

El fiscal indicaba que, según el querellante, los contratos por los que el Barcelona fichó al jugador Neymar Da Silva Santos Junior "se celebraron en Brasil, uno en el año 2011 y otro el 27 de mayo de 2013".

En cuanto al delito de apropiación indebida del que se acusa a Rosell, explicaba que "se habría cometido en el momento en que se hubiera ingresado en Brasil el dinero cuyo destino se cuestiona, bien a favor de Neymar, a la sociedad N&N, a sus representantes legales o a terceros", por lo que concluía que el delito "se habría consumado en el extranjero".

Según el fiscal, siendo el querellado Sandro Rosell se cumple otro de los requisitos establecidos en el artículo 23.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pues "la comisión del delito se atribuye a una persona de nacionalidad española", por lo que se trataría de un delito de un español cometido en el extranjero, para lo que es competente la Audiencia Nacional.

La querella afirma que el Barcelona contrató a Neymar por 57,1 millones de euros (17,1 millones en concepto de derechos federativos y 40 millones a la sociedad N&N), cantidad a la que habría que añadir 7,9 millones de euros por un acuerdo sobre tres jugadores del Santos (equipo en el que jugaba Neymar) y 9 millones de euros por dos partidos amistosos.

El querellante sostiene que ese contrato se mantiene oculto para los socios del Barcelona, por lo que no se conoce el destino real de los 40 millones de euros supuestamente pagados al jugador o sus representantes legales y le imputa así el delito de apropiación indebida.