Que se constituya una propuesta genérica de quienes aspiran a ser grandes conductores y genuinos representantes de los pueblos vía elección en los próximos comicios, de no permitir tanto abuso y descaro de contratistas que hacen gala de su entente con gran parte del entorno que responde por la contratación, incumpliendo con la obra propuesta, y lesionando el interés ciudadano.

Es la pregunta de todos: ¿Dónde reside el argumento en materia contractual para que los meses de noviembre y diciembre, a vísperas de la estación invernal, sean los escogidos por los entes encargados de contratar la obra pública, y en gran medida, todas esas contrataciones se perfeccionen y ejecuten en esa época?

Que se exija un pronunciamiento categórico de los candidatos, tal como que contratista incumplido que pare e infrinja una contratación que obstruya la libre circulación y lesione el interés de una determinada comunidad, como ocurre a diario en la capital manabita, reciba una sanción punitiva, se le incaute la maquinaria y se rescinda el contrato.

Que se cumpla con identificar en el lugar de los hechos, con nombres del contratista, montos del contrato, plazos y fechas de ejecución y terminación de la obra contratada, etc., a efectos de que la comunidad aprecie el incumplimiento y la mala calidad del material que se emplea; y, exija correctivos y las sanciones inmediatas que se generen.

Resulta un verdadero contrasentido que en este gobierno que se ha propiciado un cambio radical en una lucha contra la corrupción en el sector público, con exigencias a funcionarios de este sector ilimitadas, con un ordenamiento penal a vísperas de su promulgación con endurecimientos de penas y nuevas incorporaciones de figuras delictivas, no se considere modificar la contratación pública e incorporar su incumplimiento a las sanciones allí señaladas.

En todo caso, las normas legales existentes si permiten  configurar el delito de peculado en quienes abusan y se benefician de dineros públicos como es la contratación, solo falta que los operadores de justicia la apliquen en benéfico de la moral ciudadana.