Funciones de elección popular a nivel nacional o sectorial, que no varían en cuanto a los deberes u obligaciones para con su pueblo elector.

Porque tanto desde la Asamblea cuanto desde las corporaciones provinciales o municipales, los ungidos tienen atribuciones que los obligan a velar y participar, activa y constantemente, con acciones y pasiones dirigidas a la obtención del bienestar y el desarrollo del país, los unos, y de sus provincias o cantones los otros.

Otros que, como el caso de Portoviejo, tienen que preocuparse por el pobre progreso en los últimos años; claro, en forma figurada, porque si bien cada administración debe responder por su período, es muy cierto que, en la realidad, los actuales actuantes asimilan la responsabilidad de rectificar los yerros de los pasados, pues el cantón, la ciudad, no basa sus aspiraciones en el “yo no fui”.

“Yo no fui” que de los funcionarios los ciudadanos no esperan oír porque la culpa del otro no debe ser la excusa de los emprendedores y soñadores del avance social, educativo, cultural, arquitectónico y económico de una colectividad.

Colectividad que confía que sus elegidos van a entregar más acciones que pasiones, más ideas que observaciones, más trabajo que reclamos.

Y principalmente, más voluntad que aspiraciones de altas dietas o estipendios, aunque, lamentablemente, no deja de haber alguno que se preocupa de cuánto va a ganar para condicionar la entrega de su intelecto como profesional  y aporte ciudadano.

Aporte ciudadano que, se estima, es la base de la convivencia en sociedad, con ejemplos que deben partir desde las esferas de los mandos superiores para que irradien a la comunidad.

Comunidad que, como es de lógica absoluta, de su apreciación sobre el comportamiento de los directivos dependerá la comprensión y apoyo a las acciones y decisiones que estos tomen, factor vital en la eficiencia de planes, proyectos y programas que las instituciones elaboren con objetivos populares.

Objetivos populares que permanentemente deben ser consensuados, discutidos bajo la óptica que los gobiernos nacionales o sectoriales deben expedir leyes o sus equivalentes – como las ordenanzas, por ejemplo – socializándolas al máximo para que su aplicación tenga la menor resistencia posible.

Menor resistencia posible que se logra obrando con sinceridad, objetividad, inteligencia, honestidad y capacidad, sin las pasiones que abren abismos donde caen las buenas intenciones. 

Buenas intenciones que deben ser reforzadas cuando se pone todo aquel civismo que sienten quienes nacen para  servir al prójimo antes de servirse de él.