Y eso es precisamente lo que está pasando con el sonado juicio del contrabando de combustible capturado el año pasado en las bodegas del buque filipino Jet Marck. Se trata de 135.000 galones de diésel comprado por comercializadoras locales en Petrocomercial de Barbasquillo a 90 centavos y, supuestamente, vendidos al buque asiático a precio internacional: siete dólares cada galón. Como es conocido, el Estado subsidia el combustible para uso de la flota pesquera. De esta ventaja se vienen aprovechando traficantes y especuladores para obtener exorbitantes ganancias en perjuicio de la actividad extractiva que muchas veces tiene que paralizarse por “falta de combustible”. Hay que destacar la agilidad de las autoridades que procedieron a capturar el contrabando y la diligencia del proceso en la Fiscalía respectiva encaminada a sancionar autores, cómplices y encubridores de este delito, que merece sanciones ejemplarizadoras de acuerdo a la ley. Pero también hay que señalar la extrañeza por la complaciente actitud demostrada a favor de los actores principales que, supuestamente, participaron y fueron sorprendidos de manera flagrante en el acometimiento de este delito. En el proceso se han incluido: pruebas, nombres de personas y empresas que, al parecer, gozan de tratamiento especial, mientras que la tripulación asiática, de ínfimo rango en el buque aprehendido, está prácticamente presa e imposibilitada de volver a su país, dándose la impresión de que estuviéramos ante el típico caso de que “la cuerda se rompe por el lado más débil”.