Luis Villacís, director nacional del Movimiento Popular Democrático (MPD), señaló que en el actual gobierno son más de 40 dirigentes sociales los que han sido sentenciados tras ser acusados de sabotaje y terrorismo. Adicionalmente, hay más de 250 personas con procesos iniciados. 

"La sentencia es la expresión de persecución política de (Rafael) Correa, contra la unidad de las izquierdas", dijo Villacís. 

Agregó que es parte de lo que él considera la "criminalización" de la protesta social, en ese sentido adelantó que respaldarán todas las acciones legales que asuman Acacho y  Mashiant, quienes fueron sentenciados a 12 años de prisión. 

Villacís se preguntó por qué otros casos donde están vinculados exfuncionarios del gobierno no han sido resueltos con la misma celeridad. 

"Qué pasó con Pedro Delgado, los implicados en el préstamo a Gastón Duzac, el caso chalecos y placas, los tragacheques. Ellos siguen libres, lo que da a entender que este gobierno protege a los corruptos y enjuicia a quienes protestamos en favor de nuestro pueblo", aseguró. 

Villacís recordó las sentencias contra Marcelo Rivera (tres años), expresidente de la Federación Nacional de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE); Carlos Pérez Guartambel, Federico Guzmán y Efraín Arpi (8 días cada uno). 

A ellos se suman Paúl Jácome, Xavier Cajilema, el exrector de la Universidad de Cotopaxi Hernán Yánez, y Edwin Lasluisa; los 10 de Luluncoto y los 12 del Central Técnico.

 

 apelará. Acacho, que actualmente ocupa un escaño en la Asamblea Nacional por el movimiento Pachakutik, estaba acusado de incitar a la violencia durante una protesta ocurrida el 30 de septiembre de 2009, cuando murió el profesor de la etnia shuar Bosco Wizuma.

Según las investigaciones, Wizuma murió durante un enfrentamiento entre indígenas shuar y policías en la ciudad de Macas, la capital provincial, por el disparo de una escopeta de perdigones que, aparentemente, fue activada desde el grupo opositor.

Acacho señaló que no piensa huir y que va a entregarse a la justicia.

“Sólo las dictaduras más violentas y los gobiernos más neoliberales han considerado estas luchas como delitos”, señaló la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) en un comunicado.

La organización agrega que no hay una independencia de la justicia y cita como ejemplo el caso de los 12 alumnos del Central Técnico, que fueron sobreseídos, pero el Presidente de la Republica exigió que se les vuelva a juzgar, “y así lo hicieron”.

 

 defensa. El presidente Rafael Correa ha negado la posibilidad de que la protesta social esté criminalizada.

El único juicio del Estado contra un dirigente indígena (José Acacho), es por la muerte de Bosco Wisuma, aseguró el Mandatario.

El presidente ha reconocido que el delito de sabotaje y terrorismo está contemplado en el Código Penal desde 1971.