Actualizado hace: 5 horas 24 minutos
TRÁNSITO
AÚN HAY TRANSPORTE INFORMAL PESE A LEY

El 27 de junio del 2011 es una fecha que el sitio Ramo Grande de Jipijapa nunca olvidara. Ese día una camioneta que transportaba a cerca de 20 de sus comuneros, chocó con un bus de la cooperativa Coactur dejando como resultado siete muertos y al resto heridos.

Martes 06 Agosto 2013 | 00:00

 Aunque han pasado más de dos años, esa fecha sigue intacta en la memoria de los habitantes de Ramo Grande. La mayoría de viajeros era niños, el resto familiares que los acompañaron al desfile por la parroquialización de la América. 

Esmeraldas Quimís  es una de las deudas. Perdió a su hijo Leonel Luciano Rodríguez y a su nieto Carlos Rodríguez Pinargote, quienes vivían con ella. Al accidente sobrevivieron dos de sus nietas, Melanie y Leonela. “Prefiero no ver fotos de mi hijo y no recordarme que le dije que no fuera”, dice entre lágrimas la mujer.
Petita Sánchez también llora, pues perdió a sus dos hijos, Ramón y Darwin, quienes tenían 15 y 10 años. Ellos viajaban con su papa Robert Lino, quien si logró sobrevivir. Aunque a Petita le quedan 4 hijas, ella dice que el dolor que siente es inexplicable. “Recibimos ayuda después del accidente. Yo hubiera preferido quedarme pobre pero con mis hijos completos”, expresó.
Yolanda  Pincay Villamar fue otra de las víctimas quien tenía 62 años. Clemente Lino, quien fue su esposo durante 50 años, dice verla aún cocinando en su casa. Yolanda viajaba con sus nietos Angie y Jean Pierre. Ambos sobrevivieron, aunque la niña perdió el brazo. Después del accidente, su madre se los llevó a Guayaquil, donde actualmente residen
 
SECUELAS. Otra nieta de Yolanda que viajó en la camioneta aquel día es Ericka Ivon Lino Chávez. Estuvo dos meses en coma y cuando despertó sus familiares notaron que sus movimientos no eran normales. Mariana Chóez, madre de Ericka, dice que no guarda rencor al chofer de la unidad de Coactur, aunque su hija haya quedado discapacitada.
En el accidente también falleció Walter Lino, chofer de la camioneta, que fue fletada desde Ramo Grande. Mientras que la séptima víctima fue el hijo de la profesora Vielka Palacios, oriunda de Montecristi, quien perdió su brazo aquel día.
Aunque el chofer del Coactur paga una condena en la cárcel de El Rodeo desde ese mismo año, los deudos dicen que eso no compensa, pues sus familiares jamás regresarán.
 
LEY DE TRánsito. Pese a hechos como ese y a que la actual Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, sanciona con la reducción de 10 puntos a la licencia y 500 dolares de multa a la transportación informal, ésta sigue dándose sobre todo en los sectores rurales de Manabí.
Es común ver camionetas sobrecargadas de personas en comunidades apartadas pues allí la mayoría fleta vehículos para poder llegar a los sitios más poblados.
En el Juzgado de Tránsito dicen que las sanciones para estos casos son mínimas porque priman principios constitucionales y humanitarios. Miguel Delgado, quien es jurista y lleva casos penales y de tránsito, explicó que hay que ser conscientes, porque si no es de esa forma, las personas de la ruralidad no tienen cómo transportarse.
Estos carros funcionan sin permisos porque hay lugares en donde no existen rutas de buses, pese a que la Ley de Tránsito dio un plazo para ello.
En la transitoria séptima de la norma se establece que: "La Comisión Nacional tiene hasta el 31 de diciembre del 2011, para establecer el Plan Nacional de Rutas y Frecuencias, en el que se incluirá el Programa de Implementación de Contratos de Operación que deberán efectuarse”. Eso no ocurrió. 
Tampoco se cumple con la ley en otros artículos, puessiguen ocurriendo contravenciones. Por ejemplo, hay gente que no usa el cinturón de seguridad y hasta vehículos que circulan en contravía. Esto se da por la falta de control,  en el caso de nuestra provincia, por el escaso personal que tiene la policía de tránsito. 
Juan Carlos Ortiz, jefe de esa dependencia, indicó que los policías con los que cuenta, que no son más de 80 en Manabí, deben incluso doblar turnos y trabajar hasta 16 horas para velar por el cumplimiento de la ley. Es que esa competencia, la del control de transito, según la misma normativa, debió pasar a los gobiernos autónomos descentralizados o municipios. “Ese proceso tampoco se cumple por lo que pedimos a la ciudadanía mayor conciencia. No se trata de mayor control sino de obediencia de las personas”, señaló Ortiz.
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