No vamos a analizar el erróneo concepto que sirvió de base para la  cuantificación impositiva, nos preocupa más la posición de  un organismo gubernamental de tanta trascendencia en el convivir nacional y el desarrollo empresarial, que maneje un enfoque tan equivocado que contradice la política de control de precios que ha practicado  por décadas el Ministerio de Agricultura, puesto que de acuerdo a la Ley especifica se fijan de manera periódica montos mínimos para el productor y FOB obligatorios que tiene que suplir el exportador, que resultan de sumar los costos de producción, más una razonable utilidad y los otros elementos como empaque, embalaje, acondicionamiento, etc. hasta poner el banano al costado o dentro  del buque que lo transporta a diferentes puertos del mundo.

Cierto es también que el propio Presidente de la República ha llamado frontalmente la atención a sus inmediatos colaboradores para que busquen un mecanismo menos obsoleto e impráctico para la regulación de los valores a pagar, que tome en cuenta cuando menos el indiscutible hecho de diversas temporadas en que por razones de demanda internacional se dan fluctuaciones que se reflejan irremediablemente en el mercadeo local; pero hasta que no se lo encuentre y oficialice lo menos que tiene que hacer el SRI es atenerse a esa realidad jurídica no derogada. Sostener que el banano nacional es un comodity, es desconocer su característica fundamental de óptima calidad que lo diferencia plenamente del que cultivan las antiguas colonias europeas, y aún con los frutos de Colombia y Centroamérica, a la que se agrega el extraordinario comportamiento del banano ecuatoriano durante el transporte, en que permanece verde pese a los varios días de navegación, así como la uniformidad de maduración en las cámaras y mayor número de días de presencia sana en las perchas en los sitios de expendio. Es por tanto un pecado mortal asumir que el banano ecuatoriano es un bien transable como materia prima.