Más bien, las prácticas de vigilancia secreta que realiza la Agencia Nacional de Seguridad y el FBI a usuarios extranjeros de Verizon y otras telefónicas, y de compañías digitales como Google, Facebook, YouTube, Yahoo, Microsoft, Apple y Skype, indican que la discusión debería enfocarse en la cultura del secreto que mantiene el gobierno y en cómo está minando la credibilidad de un internet abierto y sin restricciones.

Obama está en lo cierto cuando dice que no se puede tener 100% de privacidad y seguridad al mismo tiempo, mientras el Estado trata de neutralizar ataques terroristas. Pero lo que se debe cuestionar no es la legalidad de la vigilancia que está asegurada por la Ley Patriótica para perseguir actos terroristas, sino la secrecía empleada. Lo tenebroso es que esos programas se ejecutan de espaldas a la mayoría de los congresistas y de todos los ciudadanos, y sin conocimiento de las empresas de internet que aseguraron desconocerlos y que solo – dicen -  se someten ante órdenes judiciales.

Que la vigilancia esté destinada solo para extranjeros no es justificación. Muchos actos violentos en EE.UU. fueron cometidos por estadounidenses o nacionalizados. Tampoco es lo mismo vigilar a un extranjero que se comunica con alguien de Al Qaeda, que escudriñar a cualquier francés o español usuario de Facebook, cuando la Unión Europea exige – a modo de reciprocidad - que los datos personales de ciudadanos europeos deben quedar excluidos de las fuerzas de seguridad estadounidenses “salvo en situaciones concretas, excepcionales y revisables judicialmente”.

Además, lo malo de estas políticas de espionaje es que ofrecen artillería pesada a otros países como China, Irán o Cuba, que siempre critican que EE.UU. quiera mantener el control mundial sobre el tráfico de internet, prefiriendo que esa autoridad la ejerza un cuerpo colegiado de las Naciones Unidas.

Es lógico que el gobierno deba mantener sigilo para detectar terroristas, pero bien podría hacerlo en forma transparente, explicar sus políticas de vigilancia para que los usuarios de Facebook, Google o Skype sepan a qué atenerse.

Más que un debate ciudadano sobre seguridad y privacidad, lo que se requiere es una amplia discusión en el Congreso sobre el costo político, comercial y de credibilidad por mantener una vetusta cultura del secreto. 

Aunque disguste a muchos, tal vez el delator Edward Snowden, haya ayudado para que el Congreso se enfoque en legislar a favor de la transparencia gubernamental.