Ante fuertes sospechas de que el 14 de abril ganó mediante fraude electoral, Maduro recorrió Brasilia, Buenos Aires y Montevideo. El viaje tuvo intención política. Como fachada ofreció acuerdos para trocar petróleo por alimentos, pero el objetivo fue bloquear consensos para que desde el Mercosur, la UNASUR o la OEA, se intente sugerir la revisión de las elecciones o activar la Carta Democrática Interamericana.

La defensiva de Maduro es lógica. Busca contrarrestar la ofensiva de miembros y legisladores de la oposición que se pasearon por varios países latinoamericanos a denunciar el fraude. Cuentan con más de cuatro mil denuncias de empleados públicos despedidos por no votar por la revolución, cicatrices y moretones, desde que fueron brutalmente golpeados en la Asamblea Nacional, mientras se les prohibía hablar o cobrar sueldos por no reconocer a Maduro.

En el Cono Sur no debe haber sido fácil escuchar a Maduro. Fue a validar métodos similares que estos gobernantes sufrieron en manos del autoritarismo cuando estaban en la oposición o proscriptos. Pero ironías del destino, en Argentina,  donde más juicios se hicieron por las violaciones a los derechos humanos del pasado, Maduro tuvo pan y circo en estadio de fútbol, donde se lo vitoreó por decir que vio a Chávez “en cada esquina de Buenos Aires”.

Por otro lado, Henrique Capriles, cree que habría ganado por 400 mil votos en lugar de perder por 224 mil de no haber sido por el fraude. Convencido, exige anulación de los comicios ante el Superior Tribunal Electoral. Aun reconociendo que la justicia responde al gobierno, sabe que su prédica obliga a las instituciones a ser transparentes.

Lo gran duda es si fue buena su decisión y la de la oposición de no acudir al proceso de auditoría del Consejo Nacional Electoral. El hecho de que no se quiere validar otra irregularidad, porque no se revisarán los padrones electorales donde se confirmarían evidencias de votos dobles y de fallecidos, demuestra la impotencia de la oposición ante un poder que lo puede todo y que no tiene vergüenza.

Hubiera sido mejor vigilar la auditoría de cerca y deslegitimarla sobre la marcha si era necesario. Es que la oposición ya tuvo una pésima experiencia cuando se retiró de la Asamblea General y de las elecciones parlamentarias en 2005. 

En vez de afirmar un principio, extendió un cheque en blanco al oficialismo y, de esa forma, legitimó e incentivó los abusos que buscaba frenar.