Blacio además sentenció a Carlos Figueroa, secretario de la Federación Médica Ecuatoriana, a seis meses de prisión y una multa de ocho dólares, y apuntó que se dispuso la suspensión de los derechos de ciudadanía de los sentenciados por tiempo igual al de la condena.

Según la sentencia, a Figueroa se le modificó la misma porque justificó atenuantes determinadas en la ley.

Asimismo, la jueza dispuso que los tres sentenciados ofrezcan disculpas públicas a Correa por medios escritos, televisados y radiales.

En cuanto a la reparación económica, se dispuso el pago de una "remuneración actual del ciudadano Rafael Vicente Correa Delgado calculada por cada uno de los meses desde el 4 de agosto de 2011, fecha en que se presentó la denuncia calificada como maliciosa, y temeraria hasta la notificación de la presente sentencia".

El abogado del mandatario, Caupolicán Ochoa, calcula que la suma puede llegar a los 120 mil dólares, tomando como referencia el sueldo de Correa que es de 6 mil dólares.

 

Apelará. Jiménez adelantó que apelará la condena y aseguró que no pedirá disculpas a Correa. 

“No tengo nada que disculparme, todos los actos que yo he realizado de manera pública han sido de manera completamente documentada, no tengo nada que disculparme, el que tiene que pedir disculpas al Estado ecuatoriano es el Presidente de la República”, declaró Jiménez.

El legislador manifestó que agotará todos los recursos legales para apelar la sentencia y no descartó acudir a instancias internacionales.

Por su parte, Villavicencio no descarta interponer acciones legales contra la jueza Blacio. 

“Ella (Blacio) tiene que entender, y todos los operadores de justicia, que si hoy cometen una barbaridad jurídica mañana o pasado, cuando la revolución se haga humo, tendrán que pagar con la cárcel y de sus bolsillos, porque este es un atropello infame lo que están haciendo”, puntualizó.

Jiménez, Villavicencio y Figueroa presentaron ante la Fiscalía una denuncia en contra de Correa por los hechos ocurridos el 30 de septiembre de 2010 cuando hubo una protesta policial que derivó en una revuelta que el Ejecutivo interpretó como un intento de golpe de Estado.

Esa denuncia no fue acogida por la Corte Nacional de Justicia, que la calificó de temeraria y maliciosa, al no haber demostrado sus acusaciones, por lo que el mandatario inició un juicio por injurias.

 

Reacciones. A criterio del jurista  Roosevelth Cedeño Macías, la sentencia de la jueza crea un mal precedente en el país. 

“Es un precedente que limita la actividad fiscalizadora de los asambleístas, este es un proceso judicial viciado de nulidad”, dijo Cedeño. 

Según el artículo 128 de la Constitución, la Asamblea Nacional debió autorizar el enjuiciamiento contra Jiménez. 

A criterio de Cedeño, este caso la jueza Lucy Blacio, debió pedir que le levanten la inmunidad a Jiménez. 

“Es la Asamblea la que tiene que valorar, si lo actuado por el asambleísta está en su esfera o no; no es el juez”, recordó el jurista.

Para el legislador Leonardo Viteri, con esta decisión judicial se pierde el espíritu de fiscalización. “Era lo último que faltaba, que se persiga a los valiente”. 

Viteri declaró que este es un mensaje que quiere enviar el gobierno a los nuevos asambleístas. 

“Hoy por hoy el país  está anestesiado, por una propaganda y por los sofismas del gobierno, en los últimos 30 años de democracia nunca se ha vivido una situación como esta”, recordó.

La también asambleísta Lourdes Tibán, rechazó la sentencia y adelantó que continuará fiscalizando los actos del gobierno.

“La inmunidad no debe ser ejercida como una dádiva del poder público, tampoco puede ser interpretada al antojo de los intereses políticos”, señaló.

Desde el oficialismo, se asegura que la denuncia fue temeraria por lo que respaldan al Jefe de Estado.

“Nosotros podemos presentar una denuncia que esté ajustada a la verdad, pero no podemos presentar una denuncia que sea un disparate completo”, dijo Marllely Vásconez.

Para el asambleísta electo por Manabí, Félix Alcívar, toda persona debe ser responsable de lo que dice. Agregó que en este caso Jiménez no pudo documentar la denuncia que presentó contra Correa.

El abogado del mandatario Caupolicán Ochoa,  manifestó que esta resolución judicial “sienta un precedente en el país que demuestra que fiscalizar no significa atentar contra la honra y el buen nombre de las personas”.