La decisión de suspender garantías constitucionales se basará en un estudio que se revisó la semana pasada con los representantes del Ejecutivo, el Organismo Judicial, la Fiscalía y el Instituto de la Defensa Pública Penal, explicó a periodistas el ministro guatemalteco de Gobernación (Interior), Mauricio López.

El responsable de la seguridad interna cree que es factible imponer el Estado de Excepción en plazos de 24 a 72 horas en áreas específicas donde las autoridades tienen información sobre circulación de armas, venta de drogas y muertes violentas.

Según el ministro, en un plazo de 15 días tendrán afinados los detalles de la evaluación de las denominadas "áreas rojas" para actuar, posiblemente, en tres semanas o en un mes.

Entre los municipios más violentos en Guatemala se encuentra la capital, Mixco, Amatitlán, Villa Nueva, Villa Canales y Escuintla.

El 45 % de los entre 14 y 15 asesinatos que ocurren a diario en el país centroamericano se cometen en el departamento de Guatemala, según las autoridades.

El combate a la criminalidad es una de las prioridades del Gobierno de Pérez Molina, quien asumió el poder en enero de 2012 para un periodo de cuatro años.

La última suspensión de las garantías constitucionales se decretó el 2 de mayo, por 18 días, en la comunidad de Santa Cruz Barillas, en el departamento noroccidental de Huehuetenango, luego de una violenta protesta contra la instalación de una hidroeléctrica.