La reforma educativa que exigió cambios en la Constitución, fue promulgada el 25 de febrero, pero ha encontrado una creciente oposición en sectores sindicales, porque toca privilegios acumulados desde hace varias décadas.

Esta iniciativa, una de las más importantes que ha impulsado el presidente Enrique Peña Nieto desde que asumió el poder el 1 de diciembre, pone fin a costumbres viejas como la prerrogativa sindical a cubrir con sus afiliados plazas vacantes en las escuelas públicas.

También fija un sistema de evaluación según los méritos de los docentes, fuertemente resistido por los sindicatos. 

Proceso. Por lo menos en dos de los 32 estados de México, Guerrero y Oaxaca, han habido intentos para modificar esta legislación, a raíz de las presiones sindicales que ha puesto en jaque la autoridad en las regiones afectadas.

Desde el pasado 25 de febrero, más de 6.000 trabajadores docentes del sureño estado de Guerrero, faltan a las clases e iniciaron una serie de protestas y ocupaciones de edificios gubernamentales en Chilpancingo, la capital estatal, y la ciudad turística de Acapulco.

Con el fin de intentar atajar la crisis, el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, negoció una iniciativa que preveía un instituto autónomo de evaluación a los maestros, la promoción profesional de acuerdo con "usos y costumbres" y el otorgamiento de plazas automáticas para los egresados del sistema estatal de formación docente. Pero el Congreso del estado rechazó el martes la propuesta en los términos planteados por considerar que contravenía la reforma del sector, lo que desató nuevas protestas sindicales.