El aumento de la burocracia en municipios y consejos provinciales se volvió una práctica de  alcaldes y prefectos, a tal punto que esas entidades comenzaron a verse asfixiadas por el enorme gasto que representaba -y representa aún, en algunos casos- la carga de empleados y trabajadores.

Se convirtieron en un botín para pagar compromisos políticos o personales, sin tomar en cuenta las necesidades de los ciudadanos.

Una institución que destine la mayor parte de su presupuesto al gasto corriente -que abarca el pago de sueldos, compra de bienes y servicios, intereses, entre otros no recuperables- no puede trabajar con la eficiencia esperada y está condenada al fracaso. La inversión, en cambio, puede recuperarse a través de impuestos y tasas, con lo que se asegura el trabajo en otras áreas.

Las necesidades de la población siempre estarán allí y es responsabilidad de cada organismo satisfacerlas de acuerdo con sus competencias.

En definitiva, la eficiencia en la administración satisfará al conglomerado.