Gobernantes de todas las tendencias utilizan el dinero como recompensa y castigo para disciplinar a medios privados, imponiéndoles multas exageradas, negándoles publicidad o restringiéndoles acceso a los insumos. Si los medios se quejan, los acusan de mercantilistas, oligarcas y de no compadecerse con el pueblo, como a menudo lo hacen Rafael Correa, Cristina Kirchner o Evo Morales. El ejemplo reciente es Globovisión en Venezuela. Los propietarios anunciaron la venta de la televisora, forzados por multas desproporcionadas que les impuso el Gobierno – la última de dos millones de dólares – lo que hace inviable su modelo periodístico independiente y crítico. La estrategia de silenciar a Globovisión no es tanto el problema, como que el comprador en fila es un allegado al chavismo. Este esquema de acogotar en lo económico para forzar la venta a partidarios del Gobierno, no es nuevo. Es un mecanismo bien utilizado en Argentina, Ecuador y Bolivia. En Nicaragua es aún más perverso, muchos medios privados ya pasaron a manos de leales y familiares del presidente Daniel Ortega, quedando solo una televisora en manos independientes.

Los Gobiernos también malgastan los dineros públicos para hacer publicidad en medios de su conveniencia, sin importarles la efectividad de su mensaje. La Sociedad Interamericana de Prensa, en su reciente reunión en México, cargó la culpabilidad de esta práctica no solo en las autoridades, sino también en aquellos medios que las incentivan, ya que generan competencia desleal y divisiones en el gremio periodístico.

En Ecuador y Honduras, es práctica común de los presidentes Correa y Porfirio Lobo, atacar a los medios independientes. Las reformas legislativas que promueven permitirán el absurdo de que en sus países haya tantos medios estatales como privados, a la vez de crear organismos oficiales de censura que podrán usar el mismo histrionismo económico que el Gobierno de Venezuela utilizó contra Globovisión.

Una postura diferente se está adoptando en México. El presidente Enrique Peña Nieto, presentó una reforma de telecomunicaciones para terminar con el monopolio de la telefonía que mantiene el hombre más rico del mundo, Carlos Slim, y con el duopolio de televisión entre Televisa y TV Azteca. De esta forma, el PRI, que por 70 años restringió la libertad de prensa, reconoce que mayor número de empresas y medios privados, más competencia y pluralidad, es la forma coherente de construir buena gobernanza y democracia.

El uso político del dinero para comprar lealtades o como castigo para silenciar a los medios críticos, no solo es práctica corrupta y contraria a la libertad de prensa, sino subversiva de otras libertades económicas y democráticas declamadas en las constituciones.