La semana anterior, un grupo de ediles decidió la remoción de la alcaldesa, Patricia Moncayo, a quien acusan de irregularidades. A su vez, la representante municipal acudió a las instancias judiciales que suspendieron la medida. Esto fue impugnado por los concejales.

En medio de la pugna política que ya lleva varios días, los ciudadanos expresan su preocupación porque el trabajo municipal pudiera afectarse.

El mismo municipio vivió hace poco tiempo una situación parecida que terminó con la salida de Doris López de la alcaldía.

Las peleas de esta naturaleza interfieren en los planes de los Gobiernos locales, sean de la tendencia política que sean. Por tanto, los servicios y la obra pueden trastocarse.

Es importante que exista diálogo; sin embargo, cuando no hay forma de avanzar en ello, se impone la decisión a cargo de las autoridades en las instancias correspondientes.

Si hay irregularidades, es la Contraloría el ente llamado a investigarlas, contando con las facilidades que deben ofrecer acusadores y acusados.

Sea cual fuere el resultado, lo importante es el bienestar de la comunidad.