Ahora, cuando apenas han comenzado las lluvias y aún no termina enero, ya la demorada carretera Pimpiguasí – Junín tiene problemas y el cerro de Junín ya causó dificultades al tráfico vehicular. Y muchas calles de la ciudad de Portoviejo son intransitables.

Hace meses, cuando la función Ejecutiva mostró el propósito para colaborar con el M. I. Concejo de Portoviejo para el arreglo, pavimentación de las calles dañadas, se dijo que el Gobierno Central prefería contratar el arreglo de las calles directamente. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) contrató con diferentes empresas; pero ahora ya se ha informado que varias calles seguirán como el invierno anterior, toda vez que unos contratistas son incumplidos - ya se los multó - y que con lluvias no se puede poner asfalto. 

El Sr. Prefecto desde que llegó a sus funciones impulsó la reforestación y forestación de la provincia. Muchos árboles se sembraron pero algunos se murieron y otros crecieron. Hace poco el director de CORFAM informó en el Diario (22 – 01 – 2.013) que han sido sembrados en la provincia cerca de 29.000 hectáreas. Convendría saber en qué parroquia se sembraron, en qué estado están las plantas y cuánto dinero se ha invertido.

 

El invierno fiscalizador seguirá actuando, con silencio, con verticalidad, sin recibir “facilidades”; y hará notar que a pesar de la buena voluntad de los contratantes se sigue despilfarrando recursos humanos, tiempo y recursos financieros. 

La reconstrucción y mantenimiento de la carretera Chone – Canuto – Calceta – Junín – Pimpiguasí, la contrató el MTO en marzo del año 2.008, a un costo aproximado de dieciocho millones de dólares; después hubo un aumento de otros millones y la obra no se termina. Por ello es que digo que hay despilfarro de recursos humanos, tiempo y recursos financieros. ¿Quién fiscaliza las obras que se contratan y no prestan servicios eficientes y otras que quedan inconclusas?. ¿Qué dicen las señoras y señores asambleístas que transitan por la vía?.

El invierno fiscalizador ante el silencio de organismos de control examina las obras y los servicios que prestan a la comunidad, pero no habla sobre los costos de las obras ni de los precios unitarios que se pagan por ellas.

Quizás la Contraloría tenga tiempo para informar los costos y perjuicios que se causa al Estado y la comunidad.