Los organismos fueron la “Función” de Participación Ciudadana y Control Social y el Consejo de la Judicatura, ambos recalcitrantes idólatras del falso redentor que los engatusa y los veja desde hace años.

Las redes son varias: entrega de puntos a quienes no se lo merecen pero juraron obediencia; falta de probidad notoria en el ejercicio abogadil; exclusión de profesionales con méritos, pero que no se esmeraron en las “entrevistas personales”, más toda una gama de monstruosidades que solo era posible imaginar en las dictaduras fascistas, pero que ahora las estamos sufriendo por la novelería de apostar por embaucadores. Esto en lo que se refiere a la designación de los jueces, con lo que se dio al traste con el criterio del jurista italiano de la primera mitad del siglo XX, Piero Calamandrei: “En el sistema de la legalidad, fundado sobre la división de los poderes, la justicia debe quedar rigurosamente separada de la política”.

En lo que atañe a la construcción de las obras físicas para que los jueces-títeres ejecuten los oprobiosos caprichos de sus padrinos, el español Baltasar Garzón, designado Coordinador de la Veeduría Internacional por el gobierno de “las manos limpias”, también ha reclamado el ibérico porque no le han entregado información que justifique la contratación de tales obras, lo que significa tanto en los nombramientos de jueces como en los espacios de trabajo una severa admonición que significa censura para las acciones que han cometido los aludidos organismos y las redes que fraudulentamente se tejieron con propósitos infames.

De todas las arbitrariedades cometidas por el “rafaelato”, quizás ninguna le pasará una factura política más elevada que la carnada con que se está atragantando en la Función Judicial, ya que la defenestración a golpes de los exdiputados, reemplazados por los de los manteles; el vandalismo que se perpetró contra personas y bienes del extinto Tribunal Constitucional; las rapacerías madrugadoras practicadas en la Asamblea de Montecristi, y cientos de fechorías, no son más que  precedentes ya remotos de un acto como el actual, que se lo podría considerar el súmmum del desvarío. El gobierno deberá responder por haber segado la institucionalidad y, con ello, la dignidad republicana.