El Jefe de Estado señaló que la revista “no paga a sus trabajadores, que incumple las leyes laborales, que su propietario es un abusivo, que se cobran multas ilegales, que no se han pagado décimos terceros y cuartos sueldos, que no hay afiliación al IESS, que no hay roles de pago y contratos legalizados.
Ante ello, el medio de comunicación impreso rechazó las declaraciones del Primer Mandatario y con documentos adjuntados a la carta, quieren probar el cumplimiento cabal de las obligaciones patronales.
Vanguardia planteó además dos demandas contenciosas administrativas, impugnando las resoluciones del 11 de noviembre del 2010, y 18 de enero del 2012, en las que se impusieron las sanciones económicas de cerca de 25.000 dólares.