¡Al fin, la esperada cita periodística con Rodolfo, se dio! Dos horas estuvimos dialogando sobre temas portuarios con el gerente de AMP. Empezamos con la pregunta del millón que inquieta a los interesados en conocer cómo anda el proceso de concesión del “Puerto de Aguas Profundas del Ecuador”: ¿Cuántas empresas han presentado propuestas concretas?
La respuesta, sinceramente no me sorprendió: ¡No existe propuesta alguna! El funcionario portuario alega, que la ausencia de ofertas obedece a comprensibles estrategias. Y al hecho de que están conformándose consorcios entre empresas que unirían sus fortalezas financieras antes de invertir en infraestructura y equipamiento en nuestra terminal. Así como también, por requerir tiempo suficiente para sumar experiencias en la operación y en el logro de conexiones navieras que aseguren rutas y carga. Luego topamos inquietudes por las denuncias de los asambleístas manabitas Leo, Thomás y Scheznarda, en torno a contratos de obras, asesorías, estudios, enrolamiento excesivo de personal temporal e inversiones consideradas por los denunciantes: innecesarias, ilegales o inconvenientes para los intereses del puerto. La contraloría tampoco se hizo esperar. Tan así, que con fecha 20 de julio del año actual, Miriam Cañar, directora de Auditoría 4, luego de pasarse días y noches hurgando papeles y subiendo y bajando escaleras, eleva un informe (borrador) al contralor (Carlos Pólit) en el que señala supuestas irregularidades que podrían acarrear supuestas responsabilidades civiles y penales. Por ejemplo, para mencionar unos cuantos casos, se señala la existencia de 17 contratos de consultorías por la suma de 488.000 cholo-dólares que no están subidos al Portal de Compras Públicas. ¿Será a esto que se refieren los susodichos asambleístas, de que Manta se ha convertido en el “puerto de los estudios”?
El borrador de la auditoría destaca (y recomienda rectificaciones) la falta de actualización de tarifas para las operaciones de APM y del puerto pesquero y cabotaje.
Obsérvase la repetición de contratos, citando a Marlon Guerrero (3 contratos), Humberto Villegas (2) Rock – Resources (2) y Víctor Flores (3), los cuales podrían, supuestamente, caer en la ilegal “subdivisión de contratos” (Ley Orgánica de Contratación Pública art. 64).Analízase también la contratación de 152 personas el año 2011, sin contar previamente con las correspondientes partidas presupuestarias, a pesar de que no existe lógica entre el aumento desmesurado del rol de empleados nuevos, con el descenso del volumen de carga contenerizada durante 2010 y 2011, que ha colocado al Puerto de Manta en el último lugar de los puertos ecuatorianos. (Continuará).
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