Pero, si desactivamos la suspicacia que liga la investigación al descenso de la popularidad del presidente Correa, nos encontramos con que la utilidad política de la falsificación, es mínima y apenas beneficia a unas cuantas personas que podrían acceder a ser candidatos de los grupos respaldados por las firmas falsas. Y de ahí no pasarían porque su respaldo válido es mínimo.

La falta de inscripción de alguna agrupación política tampoco es un hecho grave para el desarrollo de las elecciones, ni resta derechos a sus integrantes porque no afecta a su derecho a votar y, podrán afiliarse a una agrupación registrada y en ella ejercer el derecho a ser elegidos. 

Es que lo único que afecta a las elecciones y a las aspiraciones electorales,  es la votación misma y ella escasamente varía por acción de elementos extraños como firmas más o menos.

Hay un total de ciudadanos que sufragan; saben o no sufragar; se enteran o no de la existencia de los candidatos; son o no capaces de analizar las propuestas, etc. Y esa realidad no cambia por más que se gasten la fortuna en cuñas televisivas o en avisos impresos en cuyo contenido televidentes y lectores no confían porque saben que eso “es propaganda”.

Buena parte del electorado va a sufragar para cumplir con la obligación legal. “Para tener el papel que exigen en los trámites”, según dicen. Entonces, no les importa por quién o por qué votan. Sólo eso explica tantas equivocaciones del pasado, desde la aprobación de la Constitución hasta la integración de los niveles de gobierno. Claro que hay algunos aciertos, pero son los menos y no precisamente resultado del análisis, sino de lo mismo que lleva al fracaso, la casualidad.

Y el mismo quemeimportismo que se impone en la votación, se aplica a la recolección de firmas. Muchos lo han hecho, sin saber qué hacían, para qué se utilizarían esos largos listados de nombres, números de cédula y de firmas.

Por eso el escándalo de la falsificación de firmas no es otra cosa que eso: escándalo, aprovechado por unos cuantos desaprensivos para obtener espacio en la prensa de alta circulación, para pasar al primer plano, sin pensar que el nivel de la comunicación pone esos acontecimientos en los ojos de los habitantes de todo el mundo, y consolida así el nombre de nuestro país ligado a la corrupción, la violencia y el desgobierno.<