Elizabeth Ati-Nershed, secretaria adjunta de la CIDH, informó de la decisión del organismo internacional, que estableció 15 días para que Almorán S.A. (empresa que maneja la radio) entregue la información requerida sobre los supuestos abusos que habría cometido el Estado ecuatoriano para disponer el cierre de la estación.

Además, solicitó ampliar la información sobre los procesos judiciales y administrativos contra la frecuencia, exigir alguna resolución destinada a su cierre y los recursos judiciales iniciados.

 

REACCIÓN. Luis Almeida, asambleísta (SP) y propietario de la radio, calificó esta decisión como un paso importante ante el exceso de abusos y estado de indefensión en el que se encuentra el país.

Almeida regresó el 23 de julio de Washington, adonde viajó junto a sus abogados, Roberto López y Jorge Sosa, para presentar un pedido de medidas cautelares y una demanda en contra del Estado ecuatoriano ante la CIDH. <