Esto justifica más la sugerencia realizada por la asambleísta Scheznarda Fernández al ministro del Interior, José Serrano, en el sentido de que se establezca en la Manabí una base especial de combate al narcotráfico, con personal escogido que peine exhaustivamente toda la geografía provincial, hasta determinar que la actividad de tráfico, siembra y/o producción de drogas, al igual que sus conexos como la existencia de laboratorios clandestinos enclavados en los sectores de las agrestes montaña, se encuentra bajo control.

Es que pareciera que las capturas y el descubrimiento de las guaridas para el procesamiento de la droga serían la punta del ovillo en que se habría convertido a nuestra provincia y que hay desenrrollarlo hasta que quede solamente en el carrete.

Y las cosas que pasan en el país y en Manabí no serían tan ligeras.

De acuerdo al Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, 120 toneladas de cocaína anuales pasan a través de las fronteras ecuatorianas.

Y, localmente, hay una cifras que arrojan un estimado a la tonelada de droga que se estaría comercializando anualmente en Portoviejo en las ventas pequeñas en vías, plazas o puntos estratégicos de los narcocorredores urbanos.

Las tropas en las calles es solo una manera de disuadir a quienes intentan cometer delitos, y servirá, especialmente, para tranquilizar a la población que, indiscutiblemente, sentirá el efecto visual de protección que brinda la presencia de elementos que le inspiren seguridad.

Pero lo que hay que realmente combatir es a la célula que genera el delito, que mentaliza, planifica y manipula el crimen organizado; al cerebro que estaría intentando apoderarse de la provincia.

Se requiere, entonces, entrar al fondo del problema; llegar a los capos nacionales y a sus acólitos provinciales, para que las plausibles acciones que últimamente han golpeado a la mafia no se conviertan en pan para ahora y hambre para mañana. Al menor descuido los indeseables vuelven a la carga.