Chevron, que niega las acusaciones, se ha resistido a aceptar la condena y aduce que la sentencia del juicio ambiental en su contra en Ecuador es producto de un "fraude" perpetrado por los abogados que patrocinan a los demandantes.

La ley ecuatoriana establece que cuando una sentencia es ejecutable el juez de la causa debe seguir varios pasos, entre ellos establecer el "mandamiento de ejecución" u "orden de pago", que dispone que la cuantía establecida en la condena se pague en un plazo máximo de 24 horas laborables, señaló Pablo Fajardo, defensor de la Asamblea de Afectados que demandó a la petrolera.

 

 EMBARGO. El jurista indicó que si Chevron no cancela la deuda, "el juez está facultado para determinar que se embarguen" los bienes de la compañía.

La decisión judicial, dijo el letrado, también abona a las acciones que los abogados de los demandantes han emprendido para embargar bienes de la petrolera en Canadá y Brasil, donde Chevron tiene activos, pues en Ecuador no los posee.

Fajardo incluso dijo que podrían embargarse "las marcas" de los carburantes con los que aparece la petrolera estadounidense en Ecuador, como "Havoline" u otras, que se rematarían.

 

 

 pagar. El anuncio de la "orden de cobro" de la condena a Chevron se dio poco después de que dicha compañía informara, que la corte federal del Distrito de Columbia (EEUU) tramita una demanda para el cobro de 96 millones de dólares a Ecuador, ordenado en un juzgado de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya.

De ese modo, la corte estadounidense insta a iniciar el proceso de comisión rogatoria bajo la Convención Interamericana por el que la solicitud debe ser enviada al Departamento de Justicia de EEUU para que, posteriormente, sea presentada ante Ecuador.

El tramite es un paso más en el prolongado litigio entre Chevron y el Estado ecuatoriano, quienes se acusan mutuamente de haber violado las condiciones del contrato por el que la petrolera realizaba actividades petrolíferas en el país andino entre 1964 y 1990.

 

 sarayacu. Durante el enlace 283, el presidente de la República Rafael Correa también se refirió al pago de 1,3 millones de dólares que el Estado debe realizar a la comunidad Sarayacu por daños ambientales, tras la resolución emitida por la CorteIDH.