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TRABAJO

Herederos implicados en ley

Jueves 02 Agosto 2012 | 00:00

Las instuciones del estado que por ley tienen jurisdicción de coactivas, pueden hacer efectivas su acreencias, inclusive con bienes de los herederos de los empleadores. Así consta en la Ley para la Defensa de los Derechos Laborales que fue aprobada el martes.



Según el artículo 1 de la ley, la medida incluye a los “herederos mayores de edad que no hubieren aceptado la herencia con beneficio de inventario”.
Este artículo no es bien visto por los juristas Edison Cevallos y Jacinto Kon. Ambos coinciden que se van contra lo establecido en el código civil, donde ya se contempla la coactiva, pero de manera personal.
“El gobierno intenta con esto acabar con la empresa privada”, señaló Cevallos.
Por su parte Kon, pone como ejemplo lo que ocurre actualmente con los familiares que deben asumir las deudas por pensión alimenticia. “Esas son deudas personales, insisto las coactivas son personales”, agregó.
Dentro del mismo artículo se agrega que “podrán motivadamente, ordenarse respecto de bienes que estando a nombre de terceros existan indicios que son de público conocimiento de propiedad de los referidos sujetos”.
Esto a critero de Cevallos es ilegal, porque no se puede juzgar por presunción. “Todo tiene que ser probado”, agregó.
Kon va más allá y cree que están exagerando. “No se puede acusar por una simple sospecha”, aseguró.
El asambleísta Andrés Paéz, considera que el contenido de la Ley es preocupante y que se sientan antecendentes graves para el país, “como presunciones de propiedada privada de terceros. Eso será usado como arma de persecusión política”.

 cambios La ley beneficia a los empleados y trabajadores domésticos, a quienes se les garantiza la jornada laboral de 40 horas semanales y los sábados y domingos libres.
También contempla que durante los 12 meses posteriores al parto, la jornada de la madre lactante será de seis horas. Actualmente esto solo se aplican durante los nueve meses posteriores al parto.
A criterio de Kon todo trabajador tiene derecho a ser afiliado al seguro social, pero sin politizar el tema.
Maximina Salazar, presidenta de la Asociación de Trabajadoras Remuneradas del Hogar, recibió con alegría las reformas. “Es una lucha que se cumple. Nuestra actividad es la misma que la de otra persona. Estaremos a la expectativa de que los patronos cumplan”.
Según el asambleísta ponente  Francisco Velasco, dicho texto recogió las recomendaciones solicitadas por los legisladores.
Velasco recalcó que las personas que prestan servicio doméstico tendrán derechos similares a cualquier trabajador.
Agregó que en ningún momento los juicios de coactivas perjudicarán a terceros.
“No va a haber manera de engañar al Seguro Social”, aseveró el oficialista Paco Velasco, en referencia al primer artículo del proyecto.
“Esta Ley tiene un título que nos compromete a todos los que estamos en la Asamblea, es una Ley para la defensa de los derechos de los trabajadores, no para la defensa de ningún empleador incumplido, sea quien fuere”, aseguró Fernando Cordero, presidente de la Asamblea Nacional.

 cambios Andrés Páez, insistió que no es una ley para proteger ningún derecho laboral y que más bien se trata de convertir al estado en deudor solidario de obligaciones de terceros.
“Se pretende hacer aparecer como si el gobierno se preocupa a los trabajadores, aparantemente perjudicados, pero se ha escogido un mecanismo nefasto”, dijo Páez.
Agregó que para el gobierno los derechos y deberes existen en la medida que se acomoden a sus intereses. “Si no es así los atropellan, los violan, los vulneran”.
El proyecto aprobado el martes, debe ser enviado hoy al presidente de la República, quien tiene 30 días para su aprobación o veto particial o total.
Si el presidente veta parte de la ley, tiene que enviarla con el texto alternativo a la asamblea que tiene 30 días para someterla a votación. Si no lo hace el Ejecutivo puede ordenar su publicación en el registro oficial. 
 »Pago a ex trabajadores
de casinos cerrados«

En la primera transitoria se establece que el estado ecuatoriano a través del Ministerio de Relaciones Laborales, procederá a iniciar los juicios correspondientes para que en el plazo máximo de 60 días, proceda al embargo de los bienes obligados de las empresas y personas vinculadas a los empleadores de los casinos y demás salas de juego.
Una vez realizado esto, el estado, de manera excepcional y por esta única ocasión, procederá al pago de las indemnizaciones a que se encuentran obligados los empleadores de los casinos y salas de juegos en favor de sus respectivos trabajadores.
El presidente de la Asamblea señaló que no tiene por qué defender a los dueños de los casinos, ni menos aún a ningún empleador, puesto que los derechos de los trabajadores no tienen fecha de caducidad.<