"Fue el más atrevido y escandaloso esquema de corrupción y desvío de dinero público descubierto en Brasil", según afirmó el procurador general de la República, Roberto Gurgel, en el documento que remitió al Supremo para solicitar la apertura del juicio, que tiene 44.265 páginas repletas de lo que considera como "pruebas documentales".

Según la Policía Federal, mediante esa trama fueron desviados 101 millones de reales (en la época unos 42 millones de dólares).

El proceso ya está calificado por juristas y analistas políticos como el "mayor juicio por corrupción" de la historia del país, tanto por la cantidad de acusados como por el relieve de muchos de ellos, entre los que figuran varios antiguos y fieles "escuderos" de Lula, quien pese a estar en medio de todas las sospechas no fue procesado.

El más prominente de todos es José Dirceu, quien en 2002 coordinó la campaña que llevó a Lula por primera vez al poder y hasta que estallaron los escándalos, hace siete años, fue ministro de la Presidencia y manejó todos los hilos políticos del Gobierno.

El caso que analizará el Supremo se refiere a denuncias sobre una supuesta trama financiera ilegal para financiar la campaña que llevó a la presidencia a Lula, que luego se habría mantenido para sobornar a decenas de diputados y "comprar" sus votos en favor del Gobierno, que asumió el 1 de enero de 2003 sin mayoría parlamentaria.

El escándalo fue destapado por el exdiputado Roberto Jefferson, otro de los acusados y actual presidente del Partido Laborista Brasileño (PTB), quien en junio de 2005 hizo público que el PT había pagado cuatro millones de reales (entonces 1,6 millones de dólares) por el apoyo de esa formación al Gobierno de Lula.

En el banquillo de los acusados también estarán el expresidente del PT y actual asesor del Ministerio de Defensa José Genoino, y el entonces tesorero de esa formación, Delubio Soares.

Asimismo, deberán responder ante el Supremo el exministro de Información Luiz Gushiken y el expresidente de la Cámara baja y actual diputado Joao Paulo Cunha, ambos del PT, que por ese caso se vio obligado a renovar a toda su dirección nacional en 2005.

El único de los dirigentes que tenía en esa época el partido al que también pertenece la actual presidenta, Dilma Rousseff, que no será juzgado es Silvio Pereira, exsecretario general del PT, quien llegó a un acuerdo con la Justicia y cambió una eventual condena por servicios comunitarios por un período de tres años.

Otro procesado es el publicista Eduardo "Duda" Mendonca, quien dirigió todo lo relativo a la imagen de Lula en la campaña de 2002 y confesó que parte del pago por sus servicios le fue depositado por el PT en cuentas que debió abrir para ese fin en paraísos fiscales.

Fuera del ámbito político, el más importante de los acusados es el publicista Marcos Valerio Fernandes, calificado por el Ministerio Público como "un verdadero profesional del crimen".

Fernandes es señalado como "director financiero" de la trama y también como el "hombre de las maletas" de dinero, que supuestamente entregaba personalmente a los parlamentarios sobornados.

Sus dos agencias de publicidad llevaban las cuentas de diversos organismos públicos, de los que se sospecha que salió el dinero que permitió "comprar" los votos en el Congreso y en 2002 financió parte de la campaña de Lula y muchos candidatos del PT y otros partidos a los más diversos cargos.

Según comprobó el Ministerio Público, el patrimonio de Fernandes se multiplicó 60 veces entre 2003 y 2004, los dos primeros años de Lula y el PT en el Gobierno.

Los procesados son 22 antiguos dirigentes de cuatro partidos políticos, tres exdirectivos del Banco Rural (privado) y otro del Banco do Brasil (público), tres operadores del mercado financiero, un exfuncionario del Ministerio del Trabajo y ocho empresarios del ramo de la publicidad.

El Supremo ha calculado que el proceso, que en su totalidad se transmitirá por televisión, demandará por lo menos 15 sesiones hasta llegar al momento de la sentencia, que se prevé para mediados de septiembre próximo.

La primera sesión, que se realizará este jueves, se dedicará a la lectura de cargos, y en las nueve siguientes serán escuchados los alegatos de los abogados defensores.