El presidente rubricó la Ley 1566, que según resaltó en su cuenta de Twitter el senador Juan Manuel Galán del Partido Liberal (PL), "reconoce la enfermedad y garantiza el tratamiento integral".

El texto arranca con el siguiente párrafo: "reconózcase que el consumo, abuso y adicción a sustancias psicoactivas, lícitas o ilícitas es un asunto de salud pública y bienestar de la familia, la comunidad y los individuos".

Por lo tanto, añade que los drogadictos deben ser tratados como enfermos y tienen derecho de pedir de manera voluntaria y recibir una "atención integral por parte del Estado", que queda incluida en el Plan Obligatorio de Salud (POS) y no supondrá recobro alguno por parte de las llamadas Empresas Prestadoras de Salud (EPS).

Hasta ahora, los adictos sólo podían obtener ayuda, tanto enfocada hacia la rehabilitación como para su tratamiento terapéutico, a través de acciones de tutela.

Con esta ley, el Estado tiene también la obligación de formar médicos especializados para atender la salud mental de los adictos a las drogas, al tiempo que también deberá acondicionar los centros de salud donde se presten estos servicios.

La prevención cuenta también con un papel primordial y queda en manos del Gobierno incluirla en sus políticas de salud.

De hecho, con la norma se crea también el premio nacional "Entidad Comprometida con la Prevención del Consumo, Abuso y Adicción a las sustancias Psicoactivas", con el que el Ministerio de Salud y de la Protección Social reconocerá las mejores iniciativas en este campo.

En sus primeros meses de vida, la Ley 1655 se empezará a aplicar entre menores de edad, identificados como la población más vulnerable, e irá ampliando su cobertura a toda los adictos de Colombia, que de acuerdo a los informes del Gobierno va en aumento.

La política antidrogas de Colombia, uno de los países más afectados por el flagelo de la producción y tráfico de estupefacientes, ha sido abordada durante décadas desde el sector de la Defensa, con la persecución a los narcotraficantes y la destrucción de cultivos y laboratorios.

Sin embargo, el presidente Santos ha manifestado en varias ocasiones su apertura a un debate para estudiar nuevas alternativas a esta estrategia que ha considerado fallida.

De entrada, Santos presentó el pasado viernes con su ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, un nuevo plan que mantendrá la presión contra los traficantes y los cultivos a través de la erradicación y fumigación, pero bajo un enfoque integral que permita acabar con todos los eslabones de la cadena del negocio y poner en marcha programas de desarrollo.