Mediante esta normativa, se faculta al Estado ecuatoriano para que, a través del Ministerio de Relaciones Laborales, inicie los juicios coactivos necesarios para que en un plazo máximo de 60 días, proceda al embargo de los bienes de las empresas y personas vinculadas a los empleadores de los casinos y demás salas de juego.

Una vez cumplido este paso, el Estado ecuatoriano, por esta única ocasión, se encargará del pago de las indemnizaciones a las que tienen derechos los exempleados de las desaparecidas empresas.<