La Corte, con sede en Costa Rica, notificó hoy a las partes su sentencia, la cual establece, entre otras cosas, que el Estado debe "neutralizar, desactivar y retirar la pentolita (explosivos utilizados para extraer petróleo) en superficie y enterrada en el territorio del Pueblo Sarayaku".

Además, impuso la obligación de consultar a los sarayaku "en el eventual caso que se pretenda realizar alguna actividad o proyecto de extracción de recursos naturales en su territorio, o plan de inversión o desarrollo de cualquier otra índole que implique potenciales afectaciones a su territorio".

Ecuador deberá además capacitar en Derechos Humanos a funcionarios militares, policiales y judiciales cuyas funciones involucren relaciones con pueblos indígenas; realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por los hechos del caso; publicar la Sentencia y pagar indemnizaciones por daños materiales e inmateriales a los indígenas.

Para el tribunal interamericano, la concesión a la petrolera argentina Compañía General de Combustibles (CGC) violó la propiedad comunal indígena y su identidad cultural.

El territorio sarayaku, donde viven 1.200 personas, está localizado en la Amazonía ecuatoriana, a media hora en avioneta desde la localidad más cercana o un día en canoa a motor.

El enfrentamiento entre este pueblo quichua y el Estado comenzó en 1996, cuando el Gobierno de entonces otorgó a la CGC el derecho a explotar el petróleo en su tierra.

En la audiencia pública por este caso, los sarayaku manifestaron que esperaban que una sentencia a su favor creara un precedente legal para toda América Latina que obligue a los Gobiernos a preguntar a las comunidades indígenas antes de dar concesiones petroleras o mineras en sus territorios.