Martes 02 Septiembre 2014 | ACTUALIZADO HACE: 1 hora 6 minutos
Por no consultar a pueblos indígenas

CorteIDH condena a Ecuador por concesión petrolera

Miércoles 25 Julio 2012 | 13:48

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó hoy a Ecuador por otorgar a inicios de los años 90 una concesión petrolera en territorios indígenas amazónicos sarayaku sin consultar con las comunidades nativas, que estaban opuestas al proyecto.

La Corte, con sede en Costa Rica, notificó hoy a las partes su sentencia, la cual establece, entre otras cosas, que el Estado debe "neutralizar, desactivar y retirar la pentolita (explosivos utilizados para extraer petróleo) en superficie y enterrada en el territorio del Pueblo Sarayaku".
Además, impuso la obligación de consultar a los sarayaku "en el eventual caso que se pretenda realizar alguna actividad o proyecto de extracción de recursos naturales en su territorio, o plan de inversión o desarrollo de cualquier otra índole que implique potenciales afectaciones a su territorio".
Ecuador deberá además capacitar en Derechos Humanos a funcionarios militares, policiales y judiciales cuyas funciones involucren relaciones con pueblos indígenas; realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por los hechos del caso; publicar la Sentencia y pagar indemnizaciones por daños materiales e inmateriales a los indígenas.
Para el tribunal interamericano, la concesión a la petrolera argentina Compañía General de Combustibles (CGC) violó la propiedad comunal indígena y su identidad cultural.
El territorio sarayaku, donde viven 1.200 personas, está localizado en la Amazonía ecuatoriana, a media hora en avioneta desde la localidad más cercana o un día en canoa a motor.
El enfrentamiento entre este pueblo quichua y el Estado comenzó en 1996, cuando el Gobierno de entonces otorgó a la CGC el derecho a explotar el petróleo en su tierra.
En la audiencia pública por este caso, los sarayaku manifestaron que esperaban que una sentencia a su favor creara un precedente legal para toda América Latina que obligue a los Gobiernos a preguntar a las comunidades indígenas antes de dar concesiones petroleras o mineras en sus territorios.

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