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Las marchas blancas
Las marchas blancas
Por: Mauro Guillem Zambrano

Lunes 23 Julio 2012 | 00:00

Han sido demostración de buenas intenciones por parte de sus organizadores y útiles para promover conciencia en la población sobre la defensa de la vida, la integridad, la paz y la justicia, puestas en riesgo por la acción de la delincuencia que de a poco se toma a sociedades enteras.

Han contribuido sin lugar a dudas a que los ciudadanos revaloricemos conceptos fundamentales de la convivencia pacífica: la integridad de la familia y de los bienes, el respeto a los demás, el derecho a vivir en paz, el trabajo digno y la no violencia.

Los delitos mayores como el asesinato, el sicariato, el secuestro, la violación sexual, el robo agravado, que hoy se generalizan en nuestras ciudades, marcan sin lugar a dudas, una descomposición social que se extiende como enfermedad maligna y que tiene una multiplicidad de factores que la producen. Manta acaba de marchar por sexta ocasión contra la delincuencia; vale reflexionar ¿Y qué pasó luego de la primera o de la tercera o de la quinta marcha? ¿Se disminuyeron los índices de violencia y criminalidad? La realidad nos dice que no y que por el contrario estos aumentaron. Se dice casi como cliché que la seguridad es también responsabilidad de todos, del ciudadano común. Pregunto: ¿Cómo puede hacerlo? ¿Denunciando a los delincuentes? Exponiéndose a una retaliación que pueda costarle la vida. O defendiéndose de un asalto a mano armada que pueda acabar en muerte. U obligándonos a permanecer encerrados en casa para evitar ser objeto de delitos. Estamos indefensos, desarmados, sin poder proteger nuestras vidas y nuestros bienes.
Estas marchas deben ser también marchas negras, de luto por la sociedad, en honor a las víctimas, al dolor causado a familiares y amigos de los asesinados y secuestrados. Penosamente esta delincuencia organizada no se acabará por efecto de una marcha ni la sociedad restañara sus heridas, si no se combaten las causas que la originan. Por eso estas marchas deben ser también de reclamo airado contra quienes están llamados a enfrentar el problema, aquellos que por ley, la sociedad ha otorgado obligaciones y recursos para garantizar la seguridad de los ecuatorianos. En primer lugar el gobierno nacional que por mandato constitucional es el encargado de velar por la seguridad de los ciudadanos y luego a las instituciones que deben cumplir con este mandato.
Paradójicamente triste, la muerte de Lenín Chiriboga en Manta y el secuestro del joven Julio Sabando en Portoviejo, deberían servir para que se articule una política de estado dirigida a erradicar este tumor maligno, combatiendo las causas estructurales que lo generan: la pobreza, la desigualdad, la falta de educación, la falta de justicia. Y también con la eliminación de bandas organizadas que proliferan en nuestras principales ciudades, influenciadas con métodos delincuenciales provenientes de países vecinos. <
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