Esta situación tiene preocupada a su madre, Teresa Mecías, porque tiene que viajar todos los días a Portoviejo a visitarlo y para llevarle alimentos.

Ella emplea entre 7 y 10 dólares en los gastos para atender a su hijo detenido.

Esto mientras se soluciona su situación, porque en Manta los infractores o quienes cometen un delito flagrante ya no son llevados al cuartel de la Policía ubicado en la avenida 4 de Noviembre en Tarqui, sino que son trasladados a la capital manabita.

Desde hace una semana está vigente la prohibición de mantener a personas detenidas en los calabozos de ese cuartel.

 

Queja. Nancy Cedeño, abogada, dice que desde que intentaron asaltar el cuartel para rescatar a un detenido, hecho que ocurrió el mes de mayo, las autoridades han dispuesto que todos los presos sean llevados al Centro de Detención Provisional, CDP, de Portoviejo.

"Esto acarrea gastos y pérdida de tiempo, tanto para nosotros los abogados como para los familiares de los detenidos", dijo la abogada.

Indicó que es un problema trasladar a un detenido a una audiencia desde Portoviejo a Manta.

Dijo que es hora de que las autoridades impulsen la construcción de un CDP para Manta.

 

Norma. Iván Molina, oficial de la Policía Judicial de Manta, explicó que la medida se ha tomado porque la  Constitución Política del Estado lo prohíbe.

Dijo que el artículo 203 señala que sólo los centros de rehabilitación y los de detención provisional formarán parte del sistema de rehabilitación social y estarán autorizados para mantener a personas privadas de su libertad.

El artículo de la Constitución también señala que los cuarteles militares, policiales o de cualquier otro tipo no son sitios autorizados para la privación de la libertad de la población civil, expresó  Molina.

El oficial agregó que muchas veces el cuartel de la parroquia Tarqui llegaba a tener hasta 30 detenidos, es decir se doblaba la capacidad de este centro.

"Ya se estaba tornando complicada la situación, pues se observaba el hacinamiento de los presos", dijo.