La Carta Social, que aún necesita un plan de ejecución para aterrizar en la realidad, señala que "los pueblos de América tienen una legítima aspiración a la justicia social y sus gobiernos la responsabilidad de promoverla". 

La aprobación se dio en medio de fuertes críticas a la OEA por parte del presidente ecuatoriano, Rafael Correa, quien con el anfitrión, Evo Morales, fueron los únicos mandatarios presentes en la cita.

 

 acusaciones a la prensa. Correa puso el "picante" en la primera jornada de trabajo de la Asamblea, al reiterar sus ataques a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

 

A los medios de comunicación los acusó de manipular, mentir e injuriar "día a día".

También lanzó invectivas contra la misma OEA, contra las ONG de los países desarrollados y contra quienes "satanizan" a los Estados y la política pública.

Dijo que instituciones como la OEA y la CIDH deben "revolucionarse o desaparecer", para adecuarse a los cambios políticos en la región, mientras que Estados Unidos y otros países piden tiempo para negociar esas reformas.

 

 reacciones. En contraste, la secretaria adjunta de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, pidió consenso y no imposiciones en las reformas del sistema interamericano de derechos humanos.

El secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, respondió que a pesar de todas las críticas, se vive una “extraña paradoja. Mientras algunos hablan de terminar con la OEA o de superar la OEA, o de OEA sin unos u otros países, son cada vez más los que acuden a ella, sabiendo que aquí encontrarán siempre un espacio de diálogo, un lugar donde, aún cuando no se puedan resolver todas sus inquietudes, al menos ellas serán escuchadas y conocidas”, enfatizó.

 

 prensa. Hubo otras reacciones.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha solicitado a los países miembros de la OEA que respalden la lucha a favor de los derechos humanos y la libertad de expresión en el hemisferio, rechazando el paquete de recomendaciones que buscan neutralizar y debilitar la labor de la CIDH y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.