Actualizado hace: 4 horas 22 minutos
30-S
Civiles son condenados por el 30-S

Siete civiles fueron sentenciados por la Segunda Sala de Garantías Penales de Cotopaxi por haber atentado contra la seguridad interna del Estado durante la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010 (30-S).

Jueves 19 Abril 2012 | 09:06

La sentencia se dió el pasado martes, luego de una audiencia de juzgamiento que se extendió por cuatro días y tuvo el carácter de reservada. 

Su presidente, Luis Balarezo, dictó un año de prisión contra el concejal de Latacunga y director provincial del MPD, Xavier Cajilema; el asambleísta alterno de esa agrupación, Paúl Jácome; el rector de la Universidad Técnica de Cotopaxi (UTC), Hernán Yánez; un empleado de ese establecimiento, Richard Artieda; y el secretario nacional de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), Edwin Lasluisa, informó diario El Universo. 
Los siete sentenciados son cercanos al Movimiento Popular Democrático (MPD), y se los acusa de ser los autores intelectuales de la “invasión” que hubo en el edificio de la Gobernación de Cotopaxi, durante el 30-S. Al inicio del proceso judicial se les intentó imputar los delitos de sabotaje y terrorismo.
Silvia Bravo, docente de la universidad, y Carlos Albán, dirigente del MPD, fueron condenados a seis meses de prisión por complicidad. 
Estas siete personas son los primeros civiles en ser sentenciados por la revuelta del 30-S, que Rafael Correa califica de intento de golpe de estado. 
El abogado de los procesados, Ramiro Román, rechazó el fallo del tribunal y afirmó que sus defendidos fueron condenados por haber participado en una marcha, en la cual pidieron la asignación de un mayor presupuesto para la UTC.
Fernando Suárez, gobernador de Cotopaxi, y quien el día de los acontecimientos se desempeñaba como jefe político, afirmó que la intención de los manifestantes no fue esa, sino la de apoyar directamente a los policías sublevados. Suárez fue testigo clave de la Fiscalía durante las investigaciones.
Jácome, legislador alterno de Francisco Ulloa (MPD), aduce que la condena es un mensaje para que los “luchadores populares” dejen de protestar, agregando que los jueces fueron presionados por el régimen.
El concejal Cajilema indicó que los condenados aprovecharán la visita al país de una delegación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que prevé llegar este fin de semana, para denunciar las ilegalidades que –según los sentenciados– existieron durante el proceso judicial.
 
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