El 11 de mayo pasado, Carrión y los policías Luis Bahamonde, Jaime Paucar y Luis Martínez, fueron absueltos por el Tribunal Quinto de Garantías Penales de Pichincha, conformado por los jueces Hugo Sierra, Luis Fernández Rodríguez y Jacqueline Pachacama al determinarse que las pruebas presentadas por la Fiscalía no configuraban el tipo penal de tentativa de asesinato. Luego, Johanna Pesántez, ministra de justicia, presentó una denuncia ante el CJT, aduciendo que los jueces debieron haber solicitado a la Fiscalía el inicio de un nuevo proceso por el delito penal que se ajuste a los actos que presuntamente cometieron los procesados durante la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010.

Carrión, quien se desempañaba como director del Hospital de la Policía Nacional, es acusado de impedir el ingreso del mandatario a la casa de salud. Paucar fue acusado de intentar retirar una máscara antigás a Correa; Bahamonde de rociar gas lacrimógeno a la cara del presidente y Martínez, de llamar a sus compañeros, a través de la radiopatrulla, a que maten a Correa. Estos tres últimos uniformados fueron encontrados culpables en segunda y tercera instancia y tanto Paucar como Bahamonde fueron perdonados por Correa el mes pasado.

En la resolución del 3 de abril del 2012, firmada únicamente por dos de los tres miembros del CJT, Tania Arias y Fernando Yávar, y por el secretario del organismo, Guillermo Falconí, se decide la destitución de los tres jueces por el cometimiento de una “infracción gravísima”.

Paulo Rodríguez, presidente del CJT, aduce que la decisión fue tomada en base a un informe técnico emitido por el Departamento Disciplinario del CJT.

Fernández, juez destituido de su cargo, dice que la acusación del CJT carece de fundamentos debido a que en el proceso no se encontraron nuevos hechos ni se descubrió un nuevo delito: “Son los mismos hechos sobre los cuales nos pronunciamos y declaramos que eran inocentes”.

Fernández estima que con esta destitución se están cumpliendo las advertencias emitidas por el ministro del Interior, José Serrano, quien antes y después de conocer la sentencia dijo que iniciarían acciones contra los miembros del tribunal si fallaban a favor de Carrión.