Azote de terroristas y de dictadores, sus decisiones, siempre rodeadas de polémica, le llevaron finalmente al banquillo de los acusados, aquel en el que él quiso sentar a personajes tan particulares como Augusto Pinochet o Bin Laden.

Garzón presidió también la veeduría internacional que supervisó el proceso de selección de jueces en Ecuador.

 

 CONDENA. 

Garzón fue juzgado por los delitos de prevaricación y contra las garantías constitucionales por haber ordenado escuchar las comunicaciones que mantuvieron en prisión los principales imputados en un caso de corrupción, en un proceso en el que la acusación la ejercieron los abogados de los cabecillas de la presunta red corrupta.

La sentencia del alto tribunal, que se aprobó por unanimidad de los siete magistrados que juzgaron a Garzón, supone la "pérdida definitiva" de la condición de juez del hasta ahora titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, aunque estaba suspendido de sus funciones desde 2010.

El Tribunal Supremo sostiene que Garzón, al ordenar las grabaciones, adoptó una resolución injusta y restringió el derecho de defensa de los imputados en prisión "sin razón alguna".

Durante el juicio Garzón se defendió señalando que se hicieron para evitar que los acusados siguieran delinquiendo y blanqueando dinero desde prisión.

El magistrado, que alcanzó gran notoriedad internacional por perseguir a los represores de la dictadura de Argentina, está imputado en otras dos causas en España, una por tratar de investigar los crímenes del franquismo y otra por unos cobros que supuestamente recibió por unas conferencias en Nueva York.