El legislador presentó a trámite un proyecto de ley interpretativa que busca asegurar que los ciudadanos reciban contenidos sin restricciones una vez que han entrado en vigencia las reformas electorales al Código de la Democracia,

Viteri manifestó que “la Asamblea debe dar una respuesta a la ciudadanía que busca información respecto de los planes y programas que presenten los candidatos en las próximas elecciones y que es la Función Legislativa quien tiene la facultad privativa para interpretar la Ley y no el Consejo Electoral a través de un simple reglamento”.

Esto, en relación a los pronunciamientos que hicieran diferentes sujetos políticos, entre ellos el propio Presidente de la República que, en su enlace sabatino, reconoció que la norma no buscar prohibir las actividades propias de los periodistas, comunicadores y medios de comunicación social.

El Parlamentario recordó, así mismo, que el Presidente de la Asamblea ha reconocido que el texto del artículo 203 reformado está mal redactado, lo que podría concluir en interpretaciones erroneas. En ese sentido, señaló que es la Asamblea la que tiene la obligación de interpretar la ley para lo cual se requiere la voluntad política de la mayoría de los miembros de la Asamblea.

Recalcó, además, que esta iniciativa la presenta sin perjuicio de las acciones de inconstitucionalidad que sobre las reformas electorales han anunciado presentar otras fuerzas políticas ante la Corte Constitucional, así como tampoco es contraria a la disposición constitucional que prohíbe hacer reformas en materia electoral durante el año anterior a las elecciones.

Viteri señaló que “la Asamblea es el ente político por esencia y es donde deben solucionarse estos inconvenientes que son producto de la imposición de los vetos del Ejecutivo a los proyectos de ley que se aprueban en el legislativo” .

Finalmente, Leonardo Viteri hizo un llamado a todos los sectores con presencia en la Asamblea Nacional a efecto de que ratifiquen sus pronunciamientos en defensa de la libertad de expresión y del derecho de los ciudadanos a estar informados sobre los asuntos de interés general, tal como reconoce la Constitución de la República.