La tranquilidad que el cantón La Concordia ha tenido durante los últimos 4 años, se ve amenazada por la decisión presidencial de convocar a una Consulta Popular que crea un ambiente de enfrentamiento entre hermanos ecuatorianos, que en dicha jurisdicción tendrán que definir si desean pertenecer a la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas o la provincia de Esmeraldas, el próximo domingo 5 de febrero.

Es por lo actuado por el presidente Rafael Correa, que mediante Decreto Ejecutivo N.946 de fecha  28 de noviembre del 2011 convocó a Consulta Popular a los ciudadanos empadronados del cantón La Concordia, sin que la Corte Constitucional haya emitido el correspondiente dictamen constitucional establecido en la Constitución en su Art. 104, que exige que previo a convocatoria a una Consulta Popular debe existir el dictamen de constitucionalidad, desconociendo también que este territorio fue creado mediante Ley por el Congreso Nacional, promulgada en el Registro Oficial N.219, del 26 de Noviembre del 2007, lo cual resolvió el conflicto territorial y de pertenencia, convirtiéndose en el octavo cantón de la provincia de Esmeraldas.
Pero el capricho vale más de lo que determina la Carta Magna y la Ley, porque con este instrumento contraría lo establecido en el Art. 195 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional; como también el Art. 74 del Reglamento de Sustentación de Proceso de Competencia de la Corte Constitucional, que establece que el Juez ponente emita un proyecto de dictamen, el mismo que será remitido y luego de ello el pleno de la Corte lo resolverá, lo que eso nunca se procedió.
Por otro lado, el pleno del Consejo Nacional Electoral  convocó a este proceso y según su informe es viable realizarla mediante Decreto Ejecutivo, lo cual deja entrever la falta de independencia de esta función del Estado frente al actual régimen.
Este proceso no es un problema entre el pueblo de Santo Domingo versus el pueblo de Esmeraldas, sino que este conflicto está siendo propiciado por otros sectores e intereses que incitan a choques que están por encima de la convivencia armónica de respeto de los pueblos del Ecuador.
Es que la aplicación de una Consulta Popular significa que los mandantes tomen deliberaciones públicas sobre temas trascendentales que permitan encontrar soluciones a los problemas sociales, económicos y políticos que vive la nación; y que no signifique esta herramienta un símbolo de discordia con el ingrediente de capricho y vanidad para convertirla en botín político gubernamental.<