"La sede está en un país que no cree en el sistema interamericano", dijo en una rueda de prensa en la cancillería Patiño, quien apuntó que Estados Unidos no ha ratificado la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, y pidió que se cambie a una nación que sí lo ha hecho.

 

También abogó porque sean miembros de los organismos de la Organización de Estados Americanos (OEA) solo los países "firmantes" y cuestionó que Estados Unidos aporte financiación.

 

"Si quiere participar, que participe, y se acoja también a las recomendaciones", dijo Patiño.

 

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, ha pedido un cambio "radical" en la OEA para suprimir la supuesta influencia estadounidense.

 

Ha arreciado sus críticas después de que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestara su preocupación por la situación de la prensa en Ecuador.

 

Patiño manifestó hoy su apoyo a una serie de recomendaciones sobre el sistema interamericano de derechos humanos elaboradas por un grupo de trabajo creado por la OEA en parte a raíz de dictámenes muy duros emitidos por la CIDH contra los Gobiernos de países como Venezuela, Brasil y el propio Ecuador.

 

El canciller dijo esperar que "no sean solo recomendaciones, sino directrices concretas, que deberían ser recogidas por la CIDH".

 

Según algunas organizaciones no gubernamentales (ONG), esas recomendaciones, que no son vinculantes, buscan limitar la autonomía de la CIDH y, en particular, de su Relatoría para la Libertad de Expresión.

 

Fueron aprobadas por consenso en el primer Consejo Permanente del año, celebrado esta semana en Washington por la OEA.

 

Una de las que más preocupa a las ONG es la que pide equilibrar el presupuesto de la CIDH, porque temen que las relatorías más críticas y que cuentan con más dinero, como la de la Libertad de Expresión, reciban menos recursos.

 

En el informe con las recomendaciones se habla también de un "código de conducta" que, para muchos observadores, puede llegar a limitar los dictámenes de la CIDH y de sus relatorías en contra de los Estados que violan los derechos humanos.