Ellos fueron liquidados en octubre del 2006 en la administración de Patricia Briones y que  fueron reintegrados al cabildo tras una resolución judicial.

 Así lo dio a conocer el director de recursos humanos del Gobierno Municipal, Robert Casanova, quien indicó que los casos fueron tratados en el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Portoviejo.

Indicó que los nombres respoden a Tito Sornoza Cedeño, quien fue reintegrado el 20 de diciembre del año pasado como auxiliar de tesorería y a quien, según la resolución judicial, deben cancelarle 17.834 dólares por los años que dejó de percibir su sueldo mensual, más los beneficios de ley.

El otro restituido, también el 20 de diciembre, fue Richard García Menéndez como analista de planificación. A él le deberían cancelar 84.908 dólares.

El tercer empleado fue reintegrado como técnico de de obraspúblicas el 18 de agosto del 2011. Su nombre es Jorge Ormaza Arteaga y le deberían pagar 72.598 dólares.

Hasta ahora, según Casanova, ya son ocho los exempleados de la exEMTUR que han sido reintegrados y que se esperan dos casos más.

 

Apelación. “No podría decir qué pasó cuando los liquidaron, pero es una resolución judicial que se debe acatar, pero aclaró que los valores aún no se han pagado porque hemos apelado”, dijo el director.

Explicó que están pidiendo que sean revisados, debido a que no se ha tomado en cuenta la última remuneración que percibieron los empleados, sino que se calculó en base a otra tabla que duplica el sueldo de aquel entonces y que no sabe de dónde salió.

En todo caso, comentó que tienen cálculos municipales y que en base al último sueldo Tito Sornoza recibiría 11.185 dólares y no 17.834; Richard García pasaría de 84.908 a 48.000 dólares; y Jorge Ormaza de 72.598 a 42.887 dólares.

“A esto hay que restarle la aportación al IESS y la devolución de la liquidación que recibieron y que está entre 9 y 10 mil dólares cada uno”, añadió.

 

Preocupación. La concejal Ana Pilay dijo que la situación es preocupante en torno a que se han hecho enormes esfuerzos económicos para bajar la carga burocrática y que el reintegro de exempleados cortan toda aspiración de buscar una eficiencia administrativa.

“Yo respeto los derechos del trabajador, pero cabe preguntar por qué empleados liquidados ahora deben ser restituidos, qué pasó en el 2006 y qué pasa con los jueces, pero lo peor de todo es que son altos valores que afectan un presupuesto y que a la larga repercute en la inversión de la obra pública”, dijo Pilay.<