La bancada oficialista planteó el pasado jueves una reforma a la Ley de Acción de Repetición que consistía en exonerar al Presidente de la República de cualquier perjuicio que pudiera ocasionar al Estado.
El pedido no fue aprobado por la mayoria del plenario. La ley fue creada para evitar el menoscabo del patrimonio del Estado, es decir, si un funcionario comete una infracción, el Estado estará en el derecho de enjuiciar al servidor público para que éste repare económicamente su falta. La ley dice que si el Estado pierde un juicio por condena, el servidor público tendrá que devolver lo pagado en la aplicación del principio de proporcionalidad. Los funcionarios públicos que no respondan por su infracción serán enjuiciados penalmente. <