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Municipio

850 perjudicados en el cobro de predios

Martes 10 Enero 2012 | 00:00

Ocho mil dólares es el monto que deberá devolver el municipio por haber cobrado las obras del plan hidrosanitario a través de los predios urbanos, a pesar de no estar en funcionamiento no terminadas.

Gabriela Verdesoto, directora Financiera del municipio, admitió que por un "error técnico" se grabó en los predios urbanos el impuesto de contribución especial de mejoras por las obras hidrosanitarias. 
La funcionaria municipal dijo que el error, sólo se dio el martes 3 de enero. 
El sábado el alcalde Jaime Estrada anunció que se devolverán los recursos cobrados de más.
Unas 850 personas fueron perjudicadas.
Sin embargo el municipio no está devolviendo el dinero en efectivo, se quejaron varios contribuyentes.
La devolución se hace a través de notas de crédito -un documento por el valor cobrado de más a usarse para pagos en el mismo municipio-, se justificó Verdesoto. 
Por día más de 100 reclamos por alzas injustificadas se presentan por parte de los contribuyentes.
Diana Vélez, dijo que por año ha pagado 50 dólares, pero este año le quieren cobrar 100 dólares cuando en su sector, San José, la calle principal de la ciudadela está inconclusa.
 
Ordenanza. 
José Briones, dirigente de la Federación de Barrios de la Parroquia Tarqui, dijo que la ordenanza que dispuso el incremento de los predios urbano se aprobó sin la participación ciudadana y faltando cuatro días para terminar el 2011. 
"Pocos sabemos cuáles son los impuestos que debemos  pagar a parte del avalúo del bien inmueble. No hay sinceridad en el cobro", dijo.
Hay obras que se ejecutan en un barrio y el impuesto  lo comparten con otros barrios vecinos, como sucedió con el parque de Ursa, aseveró.   
También se nos endosan obras para clubes privados, lo que es inconstitucional, reveló. Frowen Zambrano, dirigente de la Unión de Educadores de Manta, señaló que dicha ordenanza no está publicada en ningún lado, mucho peor en el Registro Oficial, por tanto el cobro del nuevo incremento es inconstitucional. Algo similar ocurrió en Portoviejo, lo que impidió aplicar el incremento de los predios, dijo. 

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