El concurso de mérito y oposición para la designación de algún cargo público en la actualidad es un derecho establecido por la ley como norma jurídica elemental; y más aún si queremos percibir un país donde su desarrollo bio-psico-social sea inducido por hombres y mujeres idóneos en su experticia profesional y personal.

No olvidemos que toda reestructuración es necesaria en base a un estudio exhaustivo, que determine los desajustes institucionales y la imperiosa orientación del ente humano como ese hilo conductor, con una gran calidad humana y prestancia, en pro de una sociedad convulsionada por la corrupción, donde la realidad actual de algunos servidores que ocupan cargos públicos muestra su negligencia, producto de la no idoneidad competitiva en esa área asignada, lo que evidencia la incongruencia entre organismo rector y personal en servicio.

El desarrollo y progreso de una nación depende exclusivamente de una planificación estratégica, en la que el gobierno de turno establece necesidades primarias y secundarias de acuerdo a un diagnóstico entre las instituciones del estado, presupuesto y su relación con los funcionarios públicos con identidad e imagen corporativa, que permita un funcionalismo integral y un posicionamiento en el país.

Los ciudadanos exigimos por derecho un cambio de actitud en las funciones del estado en relación a los concursos de mérito y oposición, donde la transparencia está en duda por las inconsistencias dadas en el proceso, lo que prevé que la dedocracia como pandemia sigue reinando a vista y paciencia de un país, que en el espiral del silencio da paso al abuso y al atropello de los principios de inclusión, equidad, normas jurídicas y, especialmente, el bien común que muchos funcionarios no perciben, producto del desorden en la designación de curules que se alejan de todo contexto, mostrando ineficacia e ineficiencia absoluta en el ejercicio de sus funciones.