Esta vez asegura que esto ocurre con el mensaje "Compromiso ciudadano".

La organización manifiesta que el 04 de enero de 2012, desde el Ministerio de Cultura se emitió un mensaje que invita a sus funcionarios a unirse a la campaña en contra de la supuesta "demanda presentada por Fundamedios a Catalina Botero del CIDH", emprendida en la red social Facebook por la página de partidarios del Gobierno ecuatoriano "Los honestos somos MAS y "votaremos SI" que según su propio anuncio ahora tomaron el nombre de "correistas.com".
El Ministerio de Cultura explicó la difusión de este mail argumentando que está "comprometido con la política de la Revolución Ciudadana y el Buen Vivir".
Como portada de la campaña emprendida por grupos afines al Gobierno y promocionada a través de ministerios y otros órganos estatales se utilizó la foto de César Ricaurte, Director Ejecutivo de Fundamedios,  cubierta con la palabra NO, en letras rojas, y persigue recolectar, hasta el 9 de enero, 10 mil adherentes, para respaldar una carta dirigida a Catalina Botero, Relatora para la Libertad de Expresión de la OEA. Hasta el momento tienen recolectadas 3.898 adhesiones.
La misiva, que pretende desprestigiar a César Ricaurte, argumenta que "no es vocero de los ecuatorianos" y que el periodista y director de Fundamedios trabajó en los principales medios del Ecuador, como El Comercio, El Universo y Ecuavisa.
Esta campaña además fue difundida en la nota del pasado 17 de diciembre del diario estatal El Telégrafo, y reproducida en la página de la Presidencia y el diario digital "El Ciudadano" en donde se detallan los pasos para sumarse a esta petición.
Esta acción es la continuación de la campaña de hostigamiento y descalificaciones, a la que un grupo de periodistas y defensores de la libertad de expresión se han visto expuestos, esto luego de que acudieran, el pasado 25 de octubre, a la audiencia sobre la Situación de la libertad de Expresión en Ecuador ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Fundamedios rechaza la utilización de recursos estatales para perseguir y descalificar a periodistas y organizaciones defensoras de Derechos Humanos.