Por este motivo y luego de dos horas y media, el presidente de la Legislatura, Fernando Cordero, decidió suspender la sesión.
El bloque de oposición sostenía que el tema de Fiscalización (trámite de juicio político en el pleno)–que ha generado controversia- había sido aprobado en paquete, pero el oficialismo sostenía lo contrario.
Al inicio de la sesión de este martes, se aprobó el artículo 51 que establece la comparecencia de funcionarios para que entreguen información al pleno de la Legislatura y en las comisiones legislativas.
Otro de los artículos aprobados es el 62 que blinda a los asambleístas de responder ante la justicia. Dispone que para levantar la inmunidad de un legislador, se requerirán de las dos terceras partes de los votos (mayoría calificada: 83 votos, de 124 parlamentarios).
Además, el artículo 160 establece que los asesores de los asambleístas que residan 60 kilómetros de Quito podrán acceder a una compensación por alquiler de vivienda.
Una propuesta que no tuvo el apoyo de los legisladores fue el artículo 78 que establecía que cada asambleísta podrá solicitar la contratación de dos asesores, dos asistentes y un “analista legislativo”