Actualizado hace: 936 días 15 horas 46 minutos
Niñez
Argumentos jurídicos impiden juzgar violaciones
Área donde los menores rinden sus declaraciones

“Laurita” (nombre protegido) tiene 4 años de edad y fue víctima de abuso sexual. Según el proceso que lleva la Fiscalìa, la pequeña quien reside en El Florón de Portoviejo, fue violada por un adolescente de 17 años.

Viernes 29 Julio 2011 | 15:45

Hoy estaba prevista que se realice la toma de testimonio urgente de la vìctima, pero por ausencia de la parte defensora, la acción no se realizó.
Al igual que “Laurita” estaba “Kevin”, otro pequeño, de 3 años de edad, fue violado por su tío de 15 años. Ambos niños llegaron ayer hasta las instalaciones del Programa de Protección de Víctimas y Testigos de la Fiscalía provincial para testificar sobre sus abusos, sin embargo la toma de sus versiones no pudo ser realizada.
Esto ocurría ante la impotencia de los padres de los niños al ver como la justicia se torna lenta mientras sus hijos no entienden qué pasa.
Añadido a esto, el hecho de que estas dos familias son de escasos recursos económicos y se les dificulta acudir a estas diligencias todos los días.
Eriko Navarrete, fiscal de adolescentes infractores, y quién lleva estos dos casos dijo que la diligencia fue suspendida por la jueza encargada y que no es la primera vez que esto ocurre. Navarrete aseguró que a los defensores públicos de los acusados se les notificó del trámite con dos semanas de anticipación, tal y como lo establece la ley, pero que estos no aparecieron y no justificaron su ausencia.
Para la Fiscalía esto no es solo una obstrucción de su labor sino un retraso del proceso legal, que impide que se haga justicia por los dos pequeños agredidos.
Para los miembros de la Fiscalía lo que impide que la parte defensora acuda es la utilización de las cámaras de Gesell, que es una habitación adecuada que permite la observación de las declaraciones de las víctimas, sin que estas vean a fiscales, abogados, jueces o agresores.
Este tipo de equipos son utilizados cuando los interrogados están enfermos, pretenden salir del país, pero sobre todo para la investigación de delitos sexuales.

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